La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas —un grupo formado por 39 diputados y senadores encargados de controlar el órgano— ha instado al Gobierno español a arbitrar un sistema que permita obtener información exacta del ámbito de expedientes de nacionalidad por residencia a gestionar y a que elabore y apruebe un plan definitivo para la puesta al día en la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia; según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de enero.
Para muchos pasó inadvertido el BOE del pasado 5 de enero, pero es de extrema importancia.
Se trata de la Resolución de 27 de octubre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Programa 113M «Registros vinculados con la fe pública», ejercicio 2017.
Según el texto:
- El Tribunal ha calculado en 24,7 millones de euros el importe correspondiente a las tasas devengadas entre 2015 y 2018 por solicitudes de nacionalidad por residencia. A la fecha de realización de los trabajos de campo (mayo 2019) no había constancia de que a partir del establecimiento y cobro de la tasa se hubieran implementado medidas destinadas a la mejora de la gestión de los expedientes: la plantilla de la DGRN no había experimentado variaciones significativas ni se tramitaron encomiendas o contratos para la tramitación de expedientes del nuevo procedimiento. La escasísima resolución de expedientes del procedimiento nuevo evidencia, por el contrario, que el abono de la tasa no ha tenido ningún efecto positivo en la mejora de la gestión de los expedientes a los que corresponde.
- Las sentencias recaídas en la materia han impuesto en numerosas ocasiones la obligación de la Administración del pago de costas judiciales. Entre 2016 y 2018, el importe de las obligaciones reconocidas en el programa 113M para hacer frente al pago de costas, en cualquier clase de procedimientos, ascendió a 1.358.709,45 euros. Las costas abonadas en el ejercicio 2017 (661.045,45 euros) corresponden a 230 sentencias, el 95 % de las cuales corresponden a procedimientos contra resoluciones denegatorias de las solicitudes de nacionalidad.
- El Tribunal recomienda al Ministerio de Justicia adoptar las medidas necesarias tendentes a la inclusión en las leyes anuales de presupuestos de los créditos suficientes para hacer frente a los gastos de material de los registros civiles, evitando la inclusión de partidas con créditos destinados al pago de obligaciones de ejercicios anteriores.
- Se recomienda al Ministerio de Justicia, en relación con los notarios y registradores comisionados de la DGRN, ajustar estrictamente su número, tiempo de permanencia y funciones a lo previsto en el artículo 272 de la Ley Hipotecaria. Se recomienda asimismo abandonar la práctica de nombramiento de colaboradores sin cobertura jurídica.
- Se recomienda al Ministerio de Justicia la elaboración y aprobación de un plan definitivo para la puesta al día en la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia, que contemple los recursos materiales y personales necesarios, los objetivos, y los plazos de cumplimiento. Para la efectividad de dicho plan debería, a juicio del Tribunal, dotarse a la correspondiente unidad gestora de los recursos personales necesarios, así como implementar definitivamente, para todas las fases del procedimiento, la aplicación informática de gestión de los expedientes.
- El Tribunal recomienda al Ministerio de Justicia adoptar las medidas necesarias para superar las deficiencias de control interno puestas de manifiesto en el informe. En particular, se estima necesario arbitrar un sistema que permita obtener información exacta del ámbito de expedientes de nacionalidad por residencia a gestionar, superando las limitaciones actuales derivadas fundamentalmente de su dispersión en distintas bases de datos.
- Se recomienda al Ministerio de Justicia la acreditación del cumplimiento del principio de equivalencia en la fijación del precio establecido para la tasa por solicitud de nacionalidad por residencia, justificando el importe actualmente establecido o, en su caso, procediendo a su revisión.
- Finalmente, el Tribunal recomienda al Gobierno dar un impulso definitivo al proceso de reforma del Registro Civil, adoptando las decisiones necesarias para su puesta en marcha y para la regulación en el plazo más breve posible de las cuestiones pendientes.
Aquí os dejamos con el texto completo que, eso sí, es de 68 folios:
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