Normativa y apuntes sobre las Cédula de Inscripción

  1. Marco normativo sobre cédulas de inscripción.
  1. L.O. 4/2000 (LOEX):

Artículo 34.  Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados.

[…]

2. En cualquier caso, el extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior acreditando que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, una vez verificada la pertinente información y siempre que concurran y se acrediten razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España, podrá obtener, en los términos que reglamentariamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias. En todo caso, se denegará la documentación solicitada cuando el peticionario esté incurso en alguno de los supuestos del artículo 26, o se haya dictado contra él una orden de expulsión.

[…]”

  • R.D. 557/2011 (RELOEX):

Artículo 211.  Requisitos y procedimiento para la documentación.

1. En los supuestos de extranjeros indocumentados, previstos en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se procederá en la forma prevista en este capítulo.

2. La solicitud de documentación deberá efectuarse tan pronto como se hubiera producido la indocumentación, personalmente y por escrito, en las Oficinas de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes.

3. El interesado exhibirá los documentos de cualquier clase, aunque estuvieren caducados, que pudieran constituir indicios o pruebas de identidad, procedencia y nacionalidad, en su caso, para que sean incorporados a las comprobaciones que se estén llevando a cabo. Asimismo, acreditará que no puede ser documentado por la misión diplomática u oficina consular correspondiente mediante acta notarial que permita dejar constancia del requerimiento efectuado y no atendido, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5.

4. El interesado, igualmente, deberá aportar los documentos, declaraciones o cualquier otro medio de prueba oportuno que sirvan para acreditar la concurrencia de razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o, en su caso, el cumplimiento de compromisos de España, que justifiquen su documentación por parte de las autoridades españolas.

5. En el caso de los solicitantes de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, se eximirá al solicitante de la presentación de acta notarial para acreditar que no puede ser documentado por la misión diplomática u oficina consular correspondiente, en los casos en que se alegasen razones graves que impidan su comparecencia en aquéllas, a cuyos efectos podrá recabarse el informe de la Oficina de Asilo y Refugio.

6. Realizadas las comprobaciones iniciales, si el extranjero desea permanecer en territorio español, el Delegado o Subdelegado del Gobierno en la provincia en que se encuentre, le concederá un documento de identificación provisional, que le habilitará para permanecer en España durante tres meses, periodo durante el cual se procederá a completar la información sobre sus antecedentes.

El documento previsto en este apartado no será concedido si el extranjero está incurso en alguno de los supuestos de prohibición de entrada en España a que se refiere el artículo 26 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o se ha dictado contra él una orden de expulsión del territorio español.

[…]

8. Finalizada la tramitación del procedimiento, salvo que el extranjero se encontrase incurso en alguno de los supuestos de prohibición de entrada o se haya dictado contra él una orden de expulsión, previo abono de las tasas que legalmente correspondan, el Delegado o Subdelegado del Gobierno o el Comisario General de Extranjería y Fronteras dispondrá su inscripción en una sección especial del Registro Central de Extranjeros y le dotará de una cédula de inscripción en un documento impreso, que deberá renovarse anualmente y cuyas características se determinarán por el Ministerio del Interior, previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería.

[…]

9. El extranjero al que le haya sido concedida la cédula de inscripción podrá solicitar la correspondiente autorización de residencia por circunstancias excepcionales si reúne los requisitos para ello. Dicha solicitud podrá presentarse y resolverse de manera simultánea con la solicitud de cédula de inscripción.

[…]

11. La cédula de inscripción perderá vigencia, sin necesidad de resolución expresa, cuando el extranjero sea documentado por algún país o adquiera la nacionalidad española u otra distinta.”

C. Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado:

Artículo 199

Las actas notariales de presencia acreditan la realidad o verdad del hecho que motiva su autorización.

El notario redactará el concepto general en uno o varios actos, según lo que presencie o perciba por sus propios sentidos, en los detalles que interesen al requirente, si bien no podrá extenderse a hechos cuya constancia requieran conocimientos periciales.

[…]

Artículo 200.

Serán también materia de las actas de presencia:

1.º La entrega de documentos, efectos, dinero u otras cosas, así como los ofrecimientos de pago. El texto de estas actas comprenderá, en lo pertinente, la trascripción del documento entregado, la descripción completa de la cosa, la naturaleza, características y notas individuales de los efectos.

[…]

4.º Conforme a lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, los notarios deberán dejar constancia en acta, a solicitud de los interesados, tanto de las comunicaciones electrónicas recibidas de éstos como de las que, a requerimiento de los mismos, envíen los Notarios a terceros. La Dirección General de los Registros y del Notariado queda habilitada para regular mediante Instrucción la forma en que el notario debe almacenar en su archivo electrónico el contenido de las actas a que se refiere este párrafo, determinando los soportes en que debe realizarse el almacenamiento y la periodicidad con que su contenido debe ser trasladado a un soporte nuevo, tecnológicamente adecuado, que garantice en todo momento su conservación y lectura.

Artículo 201

El simple hecho del envío de cartas u otros documentos por correo ordinario, procedimiento telemático, telefax o cualquier otro medio idóneo podrá hacerse constar mediante acta, que acreditará el contenido de la carta o documento, y según el medio utilizado la fecha de su entrega, o su remisión por procedimiento técnico adecuado y, en su caso, la expedición del correspondiente resguardo de imposición como certificado, entrega o remisión, así como la recepción por el notario del aviso de recibo, o del documento o comunicación de recepción.

En la carta o documentos remitidos quedará siempre constancia de la intervención notarial.

Las sucesivas actuaciones notariales a que se refiere este artículo se harán constar por diligencias.

Las actas de remisión de documentos no confieren derecho a contestar en la misma acta y a costa del requirente.

El notario no admitirá requerimientos para envío de sobres cerrados cuyo contenido no aparezca reproducido en el acta.

Artículo 202

Las actas de notificación tienen por objeto transmitir a una persona una información o una decisión del que solicita la intervención notarial, y las de requerimiento, además, intimar al requerido para que adopte una determinada conducta.

El notario, discrecionalmente, y siempre que de una norma legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y los requerimientos enviando al destinatario la cédula, copia o carta por correo certificado con aviso de recibo.

Siempre que no se utilice el procedimiento a que hace referencia el párrafo anterior, el notario se personará en el domicilio o lugar en que la notificación o el requerimiento deban practicarse, según la designación efectuada por el requirente, dando a conocer su condición de notario y el objeto de su presencia. De no hallarse presente el requerido, podrá hacerse cargo de la cédula cualquier persona que se encuentre en el lugar designado y haga constar su identidad. Si nadie se hiciere cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia. Cuando el edificio tenga portero podrá entenderse la diligencia con el mismo.

La diligencia se cumplimentará mediante entrega de cédula que, suscrita por el notario con media firma al menos, contendrá el texto literal de la notificación o el requerimiento y expresará el derecho de contestación del destinatario y su plazo, conforme al artículo 204. Si la diligencia se entendiera con persona distinta de éste, la cédula deberá entregarse en sobre cerrado en el que se hará constar la identidad del notario y el domicilio de la Notaría. El notario advertirá, en todo caso, al receptor de la obligación de hacer llegar a poder del destinatario el documento que le entrega, consignando en la diligencia este hecho, la advertencia y la respuesta que recibiere.

La cédula podrá ir extendida en papel común y no será necesario dejar en la matriz nota de su expedición; bastará indicar el carácter con que se expide y la fecha de su entrega.

El notario siempre que no pueda hacer entrega de la cédula deberá enviar la misma por correo certificado con acuse de recibo, tal y como establece el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, o por cualquier otro procedimiento que permita dejar constancia fehaciente de la entrega.

La diligencia podrá practicarse en cualquier lugar distinto del designado, siempre que el destinatario se preste a ello y sea identificado por el notario. Si se hubiere conseguido cumplimentar el acta, se hará constar así, la manera en que se haya producido la notificación y la identidad de la persona con la que se haya entendido la diligencia; si ésta se negare a manifestar su identidad o su relación con el destinatario o a hacerse cargo de la cédula, se hará igualmente constar.

Si se hubiere utilizado el correo, o cualquier otro medio de envío de los previstos en este artículo, se consignarán sucesivamente las diligencias correspondientes.

La notificación o el requerimiento quedarán igualmente cumplimentados y se tendrán por hechos en cualquiera de las formas expresadas en este artículo.

Artículo 206

Las notificaciones o requerimientos previstos por las Leyes o Reglamentos sin especificar sus requisitos o trámites se practicarán en la forma que determinen los artículos precedentes. Pero cuando aquellas normas establezcan una regulación específica o señalen requisitos o trámites distintos en cuanto a domicilio, lugar, personas con quienes deban entenderse las diligencias, o cualesquiera otros, se estará a lo especialmente dispuesto en tales normas, sin que sean aplicables las reglas del artículo 202 y concordantes de este Reglamento.

Los notarios, salvo en los casos taxativamente previstos en la ley, no aceptarán requerimientos dirigidos a Autoridades Públicas, Judiciales, Administrativas y funcionarios, sin perjuicio de que puedan dejar constancia en acta notarial de presencia de la realización por los particulares de acciones o actuaciones que les competan conforme a las normas administrativas.

  • Jurisprudencia de interés.
  • STS 4089/2008, de 18/07/2008:

En el Hecho Sexto de la demanda el Sr.  Ángel Daniel señala que tanto él como su hija obtuvieron sucesivas «cédulas de inscripción de extranjeros», circunstancia a la que alude el demandante como si constituyese una suerte de acto propio de la Administración que habría sido contradicho por la ulterior denegación del reconocimiento del estatuto de apátrida. Sin embargo, no es cierto que la Administración haya incurrido en la contradicción que le reprocha el demandante. La resolución del Ministerio del Interior aborda esta cuestión haciendo, entre otras, las siguientes consideraciones:<<El artículo 34.2 (antiguo 31) de la Ley Orgánica 4/2999, modificada por la Ley 8/2000, establece un régimen especial para los extranjeros que, por cualquier causa insuperable, distinta de la apatridia, no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y desea ser documentado por España. Por lo que es esta dificultad de facto de obtener la documentación extranjera la determinante para permitir ese régimen especial, sin que para la obtención de la documentación a expedir por España en tales casos se exija la prueba de que el interesado ha perdido de iure su nacionalidad anterior. Tanto la apátrida de iure, como la de facto han posibilitado hasta la entrada en vigor de la Ley 8/2000, que modifica la Ley Orgánica 4/2000, la cédula de inscripción, por lo que la obtención de esta cédula no es prueba suficiente de la primera. Sólo la apátrida originaria de iure es la que justifica la atribución del Estatuto de Apátrida, con independencia de las dificultades burocráticas que puedan tener los interesados para obtener de las autoridades de su país la documentación adicional que les corresponde, como en el caso presente.>>. […] Efectivamente, la inscripción de extranjeros indocumentados prevista en la legislación general de extranjería (artículo 34.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y artículo 56 de su Reglamento aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio) en modo alguno supone ni conlleva un reconocimiento del estatuto de apátrida. Aquella inscripción únicamente constituye la posibilidad excepcional de que ciudadanos extranjeros que por causas insuperables distintas de la apatridia no pueden ser documentados por las autoridades de ningún país puedan quedar registrados y documentados provisionalmente en España. Nada que ver, por tanto, con el reconocimiento del estatuto de apátrida a que se refiere el artículo 34.1 de la mencionada Ley Orgánica 4/2000, modificada por Ley Orgánica 8/2000, y cuyos requisitos y trámites se regulan en un Reglamento específico aprobado por Real decreto 865/2001, de 20 de julio «.

  • STSJ PV 3916/2013, de 06/11/2013:

“La sentencia apelada considera acreditado el hecho en virtud del requerimiento notarial que obra a los folios 12 y siguientes del expediente administrativo, que a juicio de la Sala no es suficiente toda vez que el art. 107.3 Reglamento LODYLE exige que se acredite el hecho mediante acta notarial «que permita dejar constancia del requerimiento efectuado y no atendido, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5».

En el citado apartado núm.5 se contempla el supuesto de los solicitantes de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales a quienes se eximirá del requisito de presentación del acta notarial para acreditar que no puede ser documentado por la misión diplomática u oficina consular correspondiente «en los casos en que se alegasen razones graves que impidan su comparecencia en aquéllas».

Interpretados sistemáticamente ambos apartados es obligado concluir que el acta notarial que requiere el precepto es un acta de presencia en la misión diplomática u oficina consular del art. 199 del Reglamento Notarial, y no un acta de remisión de documentos por correo del art. 201 del Reglamento Notarial, ya que de ser así carecería de sentido la excepción contemplada por el núm. 5 relativa a los supuestos en que concurran razones graves que impidan la comparecencia.

Ello es así además porque lo que requiere el art. 54.4 Reglamento LODYLE es que el acta permita dejar constancia del requerimiento efectuado y no atendido, lo que no permite el acta de remisión de documentos por correo, ya que la expedición de un pasaporte no puede solicitarse por correo ni siquiera con la mediación notarial, al tratarse de un acto personalísimo«.

  • STSJ GAL 8749/2014, de 03/12/2014:

“En cualquier caso, lo que exige el precepto es que el recurrente acredite que no puede ser documentado por la misión diplomática, mediante requerimiento notarial no atendido. En relación con este requisito hemos de estar a la finalidad de la norma, que no es otra que posibilitar un mero documento de identidad otorgado por razones humanitarias a personas que sus países de origen se niegan a documentar.

En el presente caso es evidente que la Embajada de Sudán en Madrid contestó el requerimiento, pero la administración no puede concluir que esa contestación es suficiente para denegar la inscripción sin comprobar si el interesado cumple las exigencias que se explicitan en la misma y examinando, incluso, si está en condiciones de cumplir lo que se le requiere para obtener la documentación que precisa. En concreto, como advirtió el interesado en el recurso de alzada, no puede aportar ni el pasaporte ni la tarjeta de identidad, porque se ignora si tuvo esos documentos, pero lo cierto es que la carencia de ellos fue, sin duda, lo que determinó el otorgamiento de la inscripción en anteriores ocasiones. Al respecto ha de advertirse que, sí la administración interpretó rectamente las exigencias con anterioridad, fue su inexistencia la que, sin duda, determinó que se le concedieran anteriores inscripciones, por lo que no es razonable que ahora se coloque al ciudadano extranjero, que lleva prácticamente 10 años en España, en una situación de indocumentación y de irregularidad que la propia norma pretende evitar, ya que de denegársele la inscripción, como medio para obtener alguna documentación, porque la embajada de Sudán le facilita documentación, resultaría que, muy probablemente, el interesado no podrá obtener ninguna, dado que, como se dijo, no puede aportar ni su pasaporte anterior ni su cédula de identidad, con lo que en la práctica estarían abocando al recurrente a una situación de indocumentación que es, como se dijo y precisamente, lo que la norma pretende evitar.

El carácter netamente subsidiario de la inscripción resulta evidente si tenemos en cuenta que los interesados en la concesión de la cédula de inscripción pueden solicitar, con posterioridad o de manera simultánea, un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, con arreglo al apartado 9 del Art. 211 y, más claramente si cabe, de lo preceptuado en el apartado 11 del mismo artículo, que expresamente previene que la cédula perderá su vigencia si el afectado resulta documentado por algún país o adquiere la nacionalidad española, por lo que en el presente caso ha de concluirse que la administración debió renovar la inscripción, porque en las particularísimas circunstancias del recurrente la contestación al requerimiento notarial no entrañan la realidad de poder obtener la documentación que acredite su identidad por parte de la misión diplomática sudanesa, lo que determina la revocación de la sentencia y la anulación de la resolución recurrida, debiendo la administración proceder a la inscripción del apelante.”

  • STSJ GAL 19/2016, de 10/02/2016:

“Pues bien, las normas han de interpretarse atendiendo a su finalidad y bajo criterios de razonabilidad, lógica y bajo consideraciones de equidad.

Se trata de determinar si el requerimiento fehaciente formulado por el apelante en su día al consulado de Chad en París fue o no fue «atendido». Es cierto que en tal dependencia toman razón de sus datos y que le indican el cauce formal y presencial acudiendo al país de origen, pero esta respuesta a sus gestiones es una conducta que ha de ser valorada atendiendo a una estricta casuística y tomando en cuenta la posición del ciudadano y la del país de origen.

La interpretación de la norma (y concretamente del término «atendido»), ha de detenerse a las puertas de lo imposible y ciertamente, ya que la respuesta del consulado es insatisfactoria y formal, pues se limita a facilitar el impreso a un ciudadano para reenviarle al país de origen, respecto del que solicitó estatuto de asilado y en el que es notorio que las garantías de entrada y salida, y de obtener el documento apetecido no solo son ínfimas sino de ostensible riesgo para el solicitante.

[…]

[…] exigir el desplazamiento a Chad para obtener el pasaporte, y bajo los antecedentes del solicitante, supone un requisito gravoso, desproporcionado y de desenlace ostensiblemente incierto para el interesado. En consecuencia, a la vista de las singulares circunstancias del caso, se impone una interpretación razonable del precepto reglamentario, por lo que hay que entender que cuando alude a que el requerimiento no sea «atendido» comprende no solo la negativa inmotivada sino la información inviable o inútil, como es el caso a los efectos pretendidos. Y siempre que conste, claro está, una actitud seria y rigurosa del interesado por obtener dicho pasaporte en un contexto personal de trayectoria de integración, como es el caso, en que la prolija prueba documental demuestra una efectiva integración en España además de reiterados intentos de obtener el pasaporte en su país de origen.”

  • STSJ M 12179/2018, de 12/12/2018:

“La interpretación gramatical del primer inciso del punto 3 (artículo 211.3 RELOX) nos lleva a acoger el presente motivo de recurso, por cuanto que la expresión «en su caso», predicada de los indicios o pruebas de la nacionalidad, permite excluir la obligatoriedad de su acreditación documental en la primera fase del procedimiento, de manera que la ausencia de esa documentación no ampara la inadmisión a trámite de la solicitud por la causa prevista en el apartado 1.f) de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Extranjería , referente a las solicitudes manifiestamente carentes de fundamento, lo que determina la estimación del motivo de apelación, […].”

  • STSJ BAL 801/2019, de 25/10/2019:

“El artículo 34 de la LOEX regula a los apátridas, indocumentados y refugiados. La Cédula de Inscripción es un procedimiento que contempla la Ley Orgánica 4/2000 en el apartado 2º de ese artículo, desarrollado en el artículo 211 del Reglamento de Extranjería, que sirve exclusivamente para documentar a un extranjero en España. Como señala la STS de 18 de julio de 2008 (RC 2002/2005 ) «El artículo 34.2 (antiguo 31) de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley 8/2000, establece un régimen especial para los extranjeros que por cualquier causa insuperable, distinta de la apátrida, no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y desea ser documentado por España. Por lo que es esta dificultad de facto de obtener la documentación extranjera la determinante para permitir ese régimen especial, sin que para la obtención de la documentación a expedir por España en tales casos se exija la prueba de que el interesado ha perdido de iure su nacionalidad anterior». Y es que constituye una grave disfunción que afecta no sólo a la condición personal del extranjero, sino al mismo interés público, que un extranjero sea un indocumentado en España. Por ello, ante la evidencia acreditada documentalmente, de que las autoridades de su país de origen no le documentan oficialmente, la LOEX en su artículo 34 en su apartado 2º, regula ese procedimiento a los sólos efectos de poder documentarse ante las autoridades españolas.

La cédula de inscripción no es un documento suficiente que autorice la estancia del extranjero en el país, porque su finalidad es exclusivamente la de documentar la identidad del extranjero. Tiene un periodo de vigencia de un año y es renovable, y pierde su vigencia automáticamente y sin necesidad de resolución expresa, en el mismo momento en que el extranjero es documentado por algún país, o adquiere la nacionalidad española u otra distinta.

Pues bien, que la recurrente se encontrara en situación irregular en España, motivación que refleja el acto impugnado, no constituye ningún impedimento para que pudiera serle extendida la cédula de inscripción, siempre y cuando, claro está, la recurrente acreditara mediante requerimiento notarial que efectivamente la Embajada de Guinea no la documentaba.

La ley específicamente señala como causas impeditivas de la expedición de la certificación de inscripción, encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición de entrada en España a tenor de lo regulado en el artículo 26 de la Ley Orgánica 4 / 2000 de 11 de enero, o, que se hubiera dictado contra el extranjero una orden de expulsión del territorio español. Y la recurrente, al tiempo de los hechos, no estaba incursa en ninguna de esas dos circunstancias.

Es más, que la recurrente aportara una cédula de inscripción caducada no ha de servirle para que juegue tal hecho en su contra, porque ella tiene derecho a aportar cualquier documento identificativo que tuviere, aunque fuera obsoleto, como es el caso. Porque la finalidad de esa aportación es facilitar a las autoridades la información suficiente para poder identificarla.

CUARTO: Pasemos ahora a valorar si el requerimiento notarial que en el expediente consta, es o no suficiente y bastante a los efectos previstos en el artículo 211 del Reglamento de Extranjería, pues la sentencia concluye que no lo era, al considerar, siguiendo la STSJ del Pais Vasco nº 700/2017 de 30 de noviembre (ECLI:ES:TSJPV:2017:3356) que adolecía del hecho de no haberse practicado el requerimiento notarial en la Embajada con la presencia del interesado.

El Reglamento de Extranjería en su artículo 211 exige la práctica de un requerimiento notarial para demostrar fehacientemente que no hay voluntad de documentar al requirente por parte de la Delegación diplomática donde se practica el requerimiento. Con arreglo a la legislación notarial el requerimiento que se practique por el fedatario público no exige la presencia del requirente. Ahora bien, el requerimiento que contempla el artículo 211 del Reglamento de Extranjería busca plasmar de forma fehaciente la negativa a documentar a un indocumentado que, a su vez, debe haber facilitado al requerido cuantos datos personalísimos son necesarios para poder identificarlo de forma clara, porque la petición de documentación e identificación tiene un carácter personalísimo. Por ello, y a pesar de que no resulta necesaria la presencia del requirente en la práctica de un requerimiento notarial, en el caso que examinamos, su ausencia claramente le perjudica porque para pretender identificarse lo primero que precisa el solicitante es que quien tenga que hacerlo, pueda comprobar quién se lo pide, sus circunstancias físicas que lo puedan identificar frente al resto de personas, o sea, que conozca su apariencia física y/o algún elemento biológico que la identifique.

Por ello y para el caso de que no esté presente el propio interesado en el momento de la solicitud y de la práctica del requerimiento notarial, cuanto menos, es exigible que en ese requerimiento, figuren los datos biológicos suficientes para que de forma clara e incuestionable, el requerido, pueda conocer de forma indubitada quién le solicita tal petición de documentación y que es esa concreta persona con esa apariencia física o dactiloscópica. Porque la documentación de la identidad constituye un acto personalísimo, de forma que se precisan elementos fotográficos identitarios, huellas dactiloscópicas etc.

Si el requerimiento notarial incluyere los datos suficientes y bastantes para que el requerido pudiera conocer con exactitud todos esos elementos, podría admitirse la validez de dicho requerimiento notarial efectuado sin la presencia del requierente. Pero lo que no es aceptable es remitir un requerimiento notarial por correo certificado, solicitando la documentación del requirente, en la que solamente consta un escrito de petición de documentación de la interesada, con absoluta omisión de acompañar cualquier otro dato o elemento de esta, que permita a la delegación diplomática poder saber con exactitud quién le está solicitando esa petición, sus características fisionómicas, y demás que permitan su documentación.

[…] Pero no sirve cualquier petición planteada a través de requerimiento notarial, sino sólo aquella que pueda servir a los fines que se pretenden.

Concordamos con el Juez de instancia que el requerimiento notarial practicado no fue suficiente y por lo tanto, falta uno de los requisitos establecidos en el artículo 211 del Reglamento Notarial.”

  • STSJ CAT 12078/2019, de 05/12/2019:

“Se han dictado por esta Sala y Sección, en relación con hechos asimilables a los que son objeto de este proceso, entre otras, Sentencias en fechas 29 de junio de 2018, rec. 649/2016; 25 de junio de 2019, rec. 777/2017; 2 de septiembre de 2019, rec. 695/2019; y 28 de octubre de 2019, rec. 838/2017.

En la última de ellas, se ha puesto de manifiesto lo siguiente:

«SEGUNDO.- La cuestión planteada en este recurso ha sido tratada ya anteriormente por esta Sala y sección en la sentencia de fecha 29 de junio de 2018, dictada en el recurso de apelación número 649/2016 . Se concluye en tal sentencia que cuando, de conformidad a nuestro ordenamiento interno, se haya constituido la guarda y custodia del menor por resolución administrativa y no judicial y se niegue el reconocimiento de la representación legal de la menor por las autoridades de su país de origen, debe procederse a la expedición del título identificativo de acuerdo a la interpretación mantenida en los precedentes administrativos. A ello que debe añadirse el principio de interés de la menor que debe regir en la actuación de los poderes públicos; principio que queda afectado por la carencia de un título identificativo con único fundamento en la existencia de un conflicto interpretativo planteado entre autoridades de dos Estados miembros de la UE, lo que hace obligada la adopción de una solución que vele por el interés de la menor.

Tal como se indicaba en la referida sentencia de 29 de junio de 2019 : «el artículo 211 del Reglamento establece que: «3. El interesado exhibirá los documentos de cualquier clase, aunque estuvieren caducados, que pudieran constituir indicios o pruebas de identidad, procedencia y nacionalidad, en su caso, para que sean incorporados a las comprobaciones que se estén llevando a cabo. Asimismo, acreditará que no puede ser documentado por la misión diplomática u oficina consular correspondiente mediante acta notarial que permita dejar constancia del requerimiento efectuado y no atendido, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5».

Del contenido de este precepto se desprende la necesidad de que se justifique la imposibilidad de que el interesado sea documentado por otro país, mediante el requerimiento dirigido a la oficina diplomática o consular correspondiente, por medio de acta notarial, que justifique que aquél ha sido desatendido.

Es cierto que, en este caso, no consta aportada dicha acta notarial. Sin embargo… consta suficientemente documentada la negativa de las autoridades rumanas a reconocer la eficacia de la resolución en virtud de la cual la Administración actora asumió la representación legal del menor, pese a que el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 , relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, establece que «las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno».

En consecuencia, debe concluirse que ha quedado suficientemente acreditada en este caso la negativa de las autoridades rumanas a documentar al menor de que se trata…».

2) Constatado en definitiva en este proceso, que concurren los supuestos para la aplicación de lo previsto en los transcritos arts. 34.2 LOEX y 211.3 y 4 RLOEX, procede desestimar este recurso de apelación y confirmar la Sentencia apelada.”

  • Defensor del Pueblo.

Queja núm. 18014528, Recomendación de fecha 18/12/2018:

“4. Los interesados afirman que no pueden presentar tal documento puesto que, en su caso, el consulado no se niega a documentar a los ciudadanos sino que lo que ocurre es que la renovación de los pasaportes puede durar años desde que se solicita. En este sentido, emiten un documento en el que se hace constar que el ciudadano tiene en trámite su pasaporte, lo que es totalmente distinto a la negativa a documentar a sus ciudadanos.

Por tanto, la posibilidad de que el artículo 211 del Reglamento pueda ser una vía útil en el caso de los ciudadanos venezolanos pasa por realizar una interpretación amplia de su contenido, dado que su país les reconoce pero no les puede documentar por razones que no compete a esta institución analizar.

5. Esta institución considera que esa Comisaría General puede entender cumplido el trámite para la emisión de la cédula de inscripción, si el interesado presenta una certificación consular de que el pasaporte está en trámite, dado que, de facto, y por problemas ajenos a los interesados, la representación consular no les documenta. Por otro lado, en la mayoría de los supuestos a los que ha tenido acceso esta institución, los interesados han presentado su pasaporte en vigor en alguno de los procedimientos iniciados con anterioridad ante la Administración pública española.”

  • Consideraciones.
  1. La cédula de inscripción es una figura excepcional que persigue, en todo caso, evitar la situación de indocumentación e irregularidad en situaciones excepcionales de índole humanitaria o de interés público, así como dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España.
  2. Se trata de una situación de apatridia de facto originada por dificultades burocráticas que impiden a los interesados obtener de las autoridades de su país la documentación que les corresponde. Lo cual, no puede ser considerado como un presupuesto para la solicitud y reconocimiento del Estatuto de Apátrida (apatridia de iure).
  3. Los Notarios no pueden aceptar los requerimientos que se le planteen cuando vayan dirigidos a autoridades públicas, como son las Embajadas o Consulados de países extranjeros en España. El requerimiento debe ser efectuado por la persona interesada con la asistencia del Notario.
  4. No puede excluirse la posibilidad de que la asistencia del Notario consista en un Acta de remisión de documentación, siempre que se le aporte a la misión diplomática la información y documentación suficiente para identificar debidamente al requirente conforme a la normativa nacional correspondiente; y siempre que el Acta Notarial recoja mediante diligencia si el requerimiento enviado a través de la Notaría fue debidamente atendido.
  5. Tampoco puede deducirse de forma absoluta que, de la literalidad y finalidad, del apartado 5 del artículo 211 del RELOX, la persona interesada esté obligada a aportar en todo caso un Acta Notarial de presencia, pues este artículo se refiere a aquellos casos en los que, de forma simultánea con la solicitud de cédula de inscripción, se soliciten autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales. De este modo, tanto para la solicitud simultánea de otro tipo de autorizaciones de residencia (la de menores de edad no acompañados tutelados, por ejemplo) o, incluso, cuando se solicite la cédula de inscripción de forma autónoma partiendo de una situación de irregularidad administrativa, no puede excluirse por tanto la validez de las Acta Notariales de remisión de documentación.
  6. El requerimiento de la persona interesada a través del Notario, únicamente, podrá ser considerado como no atendido siempre y cuando estemos ante la mera falta de respuesta en un plazo de razonable de tiempo, la negativa inmotivada, así como en aquellos casos en los que se facilite información inviable o inútil.
  7. En relación al primer inciso del apartado 3, del artículo 211 del RELOEX, de la literalidad del precepto y, en particular, de la expresión “en su caso”, se desprende que no cabe acordar la inadmisión de una solicitud de cédula de inscripción por el mero hecho de que no se aporten indicios o pruebas de identidad, procedencia y nacionalidad.
  8. Cuando la cédula de inscripción sea solicitada por un menor de edad o por su representante legal, el principio de interés superior del menor obliga a los poderes públicos a llevar a cabo interpretaciones amplias de las normas aplicables que velen, efectivamente, por el interés superior del menor.

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