Para el Arraigo Social no se tienen en cuenta los artículos 64 y 66 del Reglamento

Desde que entró en vigor la Reforma del Reglamento de Extranjería (16 de agosto de 2022),
mucho se ha especulado sobre los medios económicos de la empresa, empresario o empleador
para hacer frente a las obligaciones dimanantes de la relación contractual.

La Administración no confirma y remite siempre a los artículos 64 y 66 del Real Decreto
557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su
reforma por Ley Orgánica 2/2009 (no olvidemos que estos artículos no fueron modificados tras
la Reforma del Reglamento).

Pues bien, ¿qué dicen estos artículos? Antes de entrar en el fondo de la cuestión debemos
recordar que uno de los motivos más frecuentes de denegación de un Arraigo Social es
precisamente la demostración por parte de la empresa, el empresario o el empleador de
disponer de medios para poder hacer frente a las obligaciones dimanantes de la relación
contractual y siempre, en la denegación se amparaban en unos artículos que corresponden NO
al arraigo social, sino al permiso de Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Citemos los mencionados artículos.

Artículo 64. Requisitos.

1. Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena será necesario cumplir los requisitos que se establecen en este artículo relativos a la
residencia y al trabajo, respectivamente.

2. En relación con la residencia de los extranjeros que se pretende contratar, será necesario
que:

a) No se encuentren irregularmente en territorio español.

b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países anteriores de
residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.

c) No figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que España tenga
firmado un convenio en tal sentido.

d) Haya transcurrido el plazo de compromiso de no regreso a España del extranjero, asumido
por éste en el marco de su retorno voluntario al país de origen.

e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia temporal.

3. En relación con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se pretende
contratar, será necesario que:

a) La situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero en los
términos previstos en el artículo 65 de este Reglamento.

b) El empleador presente un contrato de trabajo firmado por el trabajador y por él mismo y que
garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

La fecha de comienzo del contrato deberá estar condicionada al momento de eficacia de la
autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

c) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas por la
normativa vigente y el convenio colectivo aplicable para la misma actividad, categoría
profesional y localidad.

En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser igual o
superior al salario mínimo interprofesional para jornada completa y en cómputo anual.

d) Que el empleador solicitante haya formalizado su inscripción en el correspondiente régimen
del sistema de Seguridad Social y se encuentre al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) El empleador cuente con medios económicos, materiales o personales, suficientes para su
proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones asumidas en el contrato frente al
trabajador en los términos establecidos en el artículo 66 de este Reglamento.

f) El trabajador tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente
exigida para el ejercicio de la profesión.

g) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta ajena.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, no se tendrá en cuenta la situación
nacional de empleo en los supuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 o
por Convenio internacional.

Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo a los
nacionales de Estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales a tal efecto, así
como a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio
Económico Europeo enrolados en buques españoles en virtud de acuerdos internacionales de
pesca marítima. En este caso, se concederá validez de autorización para trabajar al duplicado
de la notificación de embarque o renovación del contrato de tripulantes extranjeros en buques
españoles.

Artículo 66. Medios económicos, materiales y personales a acreditar por el empleador para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo.

1. El empleador deberá acreditar que cuenta con medios en cuantía suficiente para hacer
frente a su proyecto empresarial y a las obligaciones derivadas del contrato firmado con el
trabajador extranjero. Dicha cuantía deberá incluir el pago del salario reflejado en el contrato
que obre en el procedimiento.

2. Cuando el empleador requerido sea una persona física, deberá además acreditar que cuenta
con medios económicos suficientes para atender sus necesidades y las de su familia. La cuantía
mínima exigible se basará en porcentajes del IPREM según el número de personas a su cargo,
descontado el pago del salario reflejado en el contrato de trabajo que obre en el
procedimiento:

a) En caso de no existir familiares a cargo del empleador: una cantidad que represente
mensualmente el 100% del IPREM.

b) En caso de unidades familiares que incluyan dos miembros, contando al empleador
solicitante: una cantidad que represente mensualmente el 200% del IPREM.

c) En caso de unidades familiares que incluyan más de dos personas, contando al empleador
solicitante: una cantidad que represente mensualmente el 50% del IPREM por cada miembro
adicional.

En los casos de unidades familiares que incluyan dos o más miembros, los medios económicos a
acreditar resultarán de la suma de aquéllos con los que cuente cada una de las personas que
integren la unidad familiar.

Dicho pues de otro modo, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial sobre el Arraigo
Social, aunque la Administración no quiere llamar a las cosas por su nombre; más claro ni el
agua.


Puedes hallar más información sobre este tema en este vídeo donde hemos desgranado toda la Reforma al Reglamento de Extranjería.


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