Parejas de Hecho y la pensión de viudedad

Para cobrar la pensión de viudedad es necesario haber inscrito previamente la pareja en el Registro Público.

Efectivamente, hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo (TS) español por la que resuelve que la inscripción de la pareja de hecho es necesaria para acceder a la pensión de viudedad.

El TS lo deja bien claro y determina que para pedir la prestación, es decir, la pensión de viudedad, no basta con un certificado de empadronamiento u otras maneras o formas de acreditar la convivencia de la pareja.

Así, el TS ha fallado que se debe exigir la inscripción de la pareja de hecho en el registro municipal o autonómico para poder acceder a la pensión de viudedad tras la muerte del cónyuge, circunstancia que, sin ninguna duda, afectará a muchas personas en el futuro.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS así lo ha señalado en una sentencia, del 24 de marzo, en la que los cinco magistrados desestiman el recurso de casación, presentado por una mujer a la que en el 2019 se denegó la pensión de viudedad por no constar en el registro de parejas de hecho.

Según el Tribunal Supremo, para acceder a la pensión de viudedad es necesario acreditar la unión con el certificado de inscripción en el registro municipal o autonómico de parejas de hecho. Con su decisión, la sala corrige la doctrina que fijó la misma sala, hace un año, en otra sentencia.

Los magistrados han estudiado si para acreditar la existencia de la pareja de hecho y así poder acceder a la pensión de viudedad deben seguirse «exclusivamente» los requisitos de la Ley de Clases Pasivas de 1987 o si se puede demostrar la unión por otros medios.

Y en la resolución, el tribunal señala —basándose en algunas resoluciones del Tribunal Constitucional (TC)— que la vía para acreditar la pareja de hecho para obtener la pensión debe ser, necesariamente, el registro municipal o autonómico.

La resolución que comentamos señala que «la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas de hecho, con convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas constituidas en la forma legalmente establecida» (vía certificado de la inscripción en el registro público).

El Supremo rectifica una resolución que dictó el 7 de abril del 2021 en que validó la pensión, aunque la pareja de hecho no estaba inscrita en registro alguno. Entonces indicó que, para acceder a la pensión, la prueba de la existencia de la pareja de hecho podía acreditarse por la inscripción de la unión en el registro autonómico o municipal dos años antes del fallecimiento y también mediante un documento público, lo que se interpretó como que abría la puerta a un certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba válido en derecho que demuestre la convivencia de manera inequívoca.

Acreditar la pareja siempre mediante la inscripción

En resumen: los magistrados indican que la prueba de la existencia de una pareja de hecho solo puede acreditarse por la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia, mediante un documento público al menos dos años previamente a la muerte de la que deriva la viudedad. Señalan que debe aplicarse así como doctrina general.
Esta sentencia de marzo del 2022 responde al recurso de casación que presentó una mujer contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que confirmó la denegación de la pensión, en el 2019, por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

Dicha pensión de viudedad se denegó porque no se acreditó la pareja de hecho mediante alguno de los medios que menciona la Ley de Clases Pasivas del Estado, según los jueces. Hay que destacar que la mujer alegó convivencia desde 1965, más cuatro hijos en común con su pareja y la adquisición conjunta de la vivienda donde residían en Barcelona hasta la muerte del hombre en el 2019.

Señalar también que la mujer presentó certificado de empadronamiento, partidas de nacimiento de los hijos… Pero el TSJM y ahora el TS consideran que esas pruebas «no son suficientes para el derecho a pensión», por «no ser medios adecuados para acreditar la existencia de la pareja de hecho» y que los documentos presentados «no tienen la naturaleza jurídica de documentos fehacientes, sino que los notarios actuantes, se limitan a plasmar» lo que la demandante refirió.


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