Puedes tramitar tus permisos por tu cuenta… pero, ¿qué harías si te encuentras en alguno de estos casos?

¿Quién ha dicho que no puedes hacer solo tus trámites de extranjería o Nacionalidad? Quien te diga que estás obligado a hacerlo con un abogado, te está mintiendo. No hay nada que te impida hacer solo tus trámites.

El profesional es el que realmente conoce las diferencias y discrepancias entre la normativa reguladora de su caso concreto, la interpretación que le dará ese supuesto la Administración y, finalmente, el criterio que aplicarán los distintos Tribunales. Por eso es conveniente acudir a un profesional antes de iniciar cualquier tipo de trámite de extranjería o de nacionalidad española ya que su asesoramiento preventivo y orientación práctica nos ahorrará, sin duda, tiempo, problemas y dinero.

Un ciudadano extranjero que pretende regularizar su situación administrativa en España puede realizar los trámites solo sin necesidad de acudir a un profesional; es cierto. No obstante, acudir al profesional adecuado puede ahorrar, a la larga, tiempo y dinero; porque una cosa es lo que dice la Normativa en materia de extranjería o las Instrucciones que dicta la Administración; y otra muy distinta los criterios que en la práctica aplica cada oficina de extranjería; criterios que varían incluso entre Comunidades Autónomas o incluso en las distintas oficinas de una misma Comunidad.

Usted podrá decir «pues si la oficina de extranjeros no aplica lo que dice la Ley, que me deniegue o archive el expediente y ya después recurriré en los Tribunales». Y he ahí el gran problema, que recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso implicará perder mucho tiempo (a veces años) y por supuesto dinero en abogados. Si haces un trámite de extranjería es para ganar el caso a la primera; sin requerimientos, sin archivos de solicitudes, sin inadmisiones; y lo que es mejor: sin que te lo denieguen.

Caso concreto: familiares de ciudadanos comunitarios

Imaginemos que usted se ha registrado como pareja de hecho en un registro público y desea acceder a un permiso de Residencia de Familiar de Comunitario. ¿Está seguro que con solo guiarse por la hoja Informativa que ofrece el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o lo que dice la Normativa podrá tener garantías de que su expediente va a ser resuelto de manera favorable? La respuesta es no.

Hay documentos que no están contemplados en las Hojas Informativas y que solo el profesional adecuado conoce. Y la propia Normativa cada día es interpretada de modo distinto gracias a innumerables sentencias judiciales que crean jurisprudencia.

A veces, si no vas de la mano de un profesional, puedes tomar el camino errado. De lo contrario, analice este escenario:

Si soy familiar de un ciudadano comunitario, ¿qué permiso solicito? ¿Un permiso de residencia temporal de familiar de comunitario o un permiso de residencia temporal en régimen general? ¿De qué depende que solicite uno u otro? ¿Si mi familiar comunitario no dispone de medios económicos como dice el RD 240/2007 no tengo entonces derecho a residir en España? ¿Qué se entiende por «estar a cargo» o el «grado de dependencia económica»? ¿En qué casos aplica?

En muchas ocasiones, tanto la Administración como los ciudadanos confunden el término «renovación» con el de solicitud de «residencia permanente» y es muy importante que tengamos en cuenta que la propia normativa, de forma expresa, indica que en el caso de residencias comunitarias permanentes o certificados de registro permanentes no se aplican las condiciones exigidas en el artículo 7 (dónde se piden los medios económicos). Es decir, si eres titular de una Tarjeta de Familiar de Comunitario (la primera, la de cinco años) y vas a presentar la renovación de la misma, realmente no estás solicitando una «renovación», sino una «tarjeta permanente» y entre los requisitos exigidos para este tipo de tarjetas no se pueden pedir «medios económicos».

Los requisitos que el artículo 10 del Reglamento de Régimen Comunitario exige para este tipo de tarjetas comunitarias permanentes son los siguientes:

Poder acreditar uno de los siguientes supuestos:

  • Haber residido legalmente en España durante un periodo continuado de cinco años, siempre que se mantenga el vínculo familiar por el que se expidió la tarjeta de residencia, esto último con excepción de los supuestos en los que se mantiene el régimen comunitario en caso de fallecimiento, nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada conforme al RD 240/2007.
  • Residir en España como miembro de la familia de ciudadano de la Unión, cuando este último es trabajador por cuenta ajena o propia, y adquiere el derecho a residencia permanente antes de que finalice el periodo de cinco años.
  • Residir en España como miembro de la familia de ciudadano de la Unión, que fallece en el curso de su vida activa con anterioridad a la adquisición del derecho a residencia permanente, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
  1. Que el ciudadano de la Unión hubiera residido de forma continuada, en la fecha del fallecimiento, al menos dos años.
  2. Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional.
  3. Que el cónyuge del ciudadano de la Unión hubiera perdido la nacionalidad española como consecuencia del matrimonio con el fallecido.

Dicho esto, entendemos que el ciudadano pueda interpretar de forma restrictiva la Normativa; que no entienda si se trata de un «derecho» adquirido (por llevar cinco años residiendo en territorio español (por ejemplo) o si se trata de una renovación. Hasta ahí todo es entendible. Para eso están los expertos, para interpretar de forma adecuada la Normativa. Pero de ahí a que la propia Administración (Oficina de Extranjería) interprete de forma restrictiva la Normativa hay un largo trecho.

¿Qué sucedería entonces si no demuestras «medios económicos» a la hora de solicitar la Tarjeta Permanente de Familiar de comunitario (10 años)? Pues que la Administración te denegará tu solicitud obligándote a lo que muchos damos en llamar «irregularidad sobrevenida» (extranjeros «con papeles» que vuelven a quedarse «sin papeles»). ¿Qué opciones quedan? No queda más remedio que recurrir por la vía contenciosa, lamentablemente.

La Administración y la aplicación de la Ley

En el derecho de extranjería nos encontramos ante un gravísimo dilema: la ley en vigor y los criterios que aplica la oficina de extranjeros. ¿Para qué sirve la ley si desconocemos cómo la interpreta la Administración? Los abogados y los expertos en extranjería coincidiremos en que sirve para ir a la vía judicial donde casi siempre el juez termina dándole la razón al extranjero.

Pero también sabemos que ir a la vía judicial es un gasto pocas veces asumible por nuestros clientes y lo que es peor, tiempo; mucho tiempo, el tiempo que tarda un proceso judicial que hace que aquel que pueda permitirse contratar a un abogado desista porque es precisamente tiempo lo que no tiene un extranjero para intentar regularizar su situación.

Enfrentarse a un proceso judicial implica, además del gasto económico, dilatar situación administrativa del extranjero. ¿No sería más conveniente para todos que de una vez y por todas la Administración haga públicos sus criterios y de esta manera evitar quebraderos de cabeza? ¿No es lo más justo que en un Estado de Derecho los ciudadanos tengamos acceso a la información –que no es ni puede ser confidencial- de una Administración que es el Estado en sí mismo? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir jugando a una especie de ruleta rusa de tramitar algo sin saber con qué nuevo criterio nos va a sorprender la Oficina de Extranjeros?

No olvidemos que la Constitución Española en su art. 39, ya establece la obligación de los poderes públicos de proteger la familia, principio que es vulnerado con este tipo de interpretaciones restrictivas. Debemos tener en cuenta que la familia es la célula fundamental de nuestra sociedad, pilar donde se sostiene y transmite la escala de valores que fundamenta un Estado de Derecho, lo cual se ve afectado con tales gravosas decisiones e interpretaciones por parte de la Administración, impidiendo que un ciudadano de la Unión y un familiar, vean tutelados sus legítimos derechos denegándoseles la tarjeta Permanente, y todo, absolutamente todo, porque a «alguien» se le ocurrió interpretar a su antojo y de manera restrictiva la Normativa.

Pongamos otro ejemplo clarísimo: el automatismo penales-denegación; o lo que es lo mismo, la Administración se comporta como un diablo cuando le presentan a modo de crucifijo una solicitud de Tarjeta de Tarjeta de Familiar de Comunitario cuando el extranjero tiene antecedentes penales.

¿Qué hace la Administración, es decir, la Oficina de Extranjeros? Pues denegar automáticamente. Y así, no, no y no. O al menos, eso es lo que dice los jueces. La misma pregunta de siempre: ¿Quién tiene la razón: ¿los Jueces o la Oficina de Extranjería? La respuesta parece clarísima menos para la Administración española, concretamente para la oficinas de extranjería que, aun encontrándose con cientos de sentencia que les quitan la razón, siguen «erre que erre» denegando los «papeles» a aquellos familiares de ciudadanos comunitarios que solicitan la Tarjeta de Familiar de Comunitario cuando se encuentran con que el solicitante tiene antecedentes penales: «la tenencia de antecedentes penales, no puede constituirse per se, si la administración no argumenta en la existencia de una amenaza para la seguridad y la tranquilidad pública», dicen los jueces. O lo que es lo mismo, no le pueden denegar los «papeles» porque sí a quienes soliciten una Tarjeta de Familiar de Comunitario.

Podríamos poner decenas, cientos de ejemplos, pero hay tantos ejemplos y casos como oficinas de extranjería, funcionarios y realidades. Sin embargo, un consejo has de sacar en limpio: acude a un profesional, a un profesional adecuado si de verdad quieres que tu trámite sea favorable, si deseas ahorrarte dinero en recursos y que tu camino hacia un permiso de residencia y trabajo o la nacionalidad española sea sin obstáculos.


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