Quinta Sentencia que arremete contra las Instrucciones de Arraigo Laboral

No hay discusión ni puede haberla ya. Los Jueces se han tomado muy pero muy en serio las dudosas Instrucciones de Arraigo laboral. El 8 de junio de 2021 la Secretaría General de Migraciones publicó la Instrucción SEM 1/2021 en la que literalmente pisoteaban la doctrina jurisprudencial y la Normativa de Extranjería.

Hoy amanecemos con una quinta sentencia; en este caso, la Sentencia 16/22 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 9 de Valencia que deja bien clara que un solicitante de Asilo puede solicitar el Arraigo Laboral.

«La interpretación normativa que ha efectuado la administración demandada no se ampara en el tenor literal de los preceptos mencionados más arriba, de la Ley Orgánica 4/2000 y de su Reglamento, que regulan la residencia por arraigo laboral, ya que ninguno de ellos, de manera expresa, establece que estas autorizaciones están reservadas a aquellas personas que no tengan título habilitante para residir y trabajar en España», señala la Sentencia.

«(…) con independencia de los derechos reconocidos en los ya mencionados artículos 19 y 32 de la Ley 12/2009 y 9.1 de la Directiva de 2013, la demandante no puede considerarse que sea residente legal en España y, en consecuencia, que exista algún impedimento en ese sentido para que la demandante solicite y obtenga la autorización de residencia por arraigo laboral», añade.

Aquí podéis acceder al texto completo de la Sentencia:

Una cuarta sentencia vuelve a golpear la mencionada Instrucción. En este caso, se trata de una sentencia en la que la Administración (oficina de extranjeros) cuestionaba el periodo de actividad laboral posterior a la denegación del asilo, considerando además que al tratarse de contratos a tiempo parcial (50 % y 87,50) la relación laboral no era de “entidad suficiente”. Mientras que la Instrucción habla de que el salario a recibir tiene que ser “decoroso”, ni las sentencias del Supremo ni el Reglamento de Extranjería hacen referencia a ello.

“Ningún precepto exige que el salario percibido tenga entidad suficiente para proporcionar a la interesada los medios económicos para su mantenimiento, ni que la relación laboral se haya producido siendo titular de una autorización de residencia y trabajo en vigor. Antes al contrario como se señala en la sentencia del TS 452/21 de 25 de marzo en relación con el art. 124.1 el precepto pretende, pues, salir al paso de los problemas que pueden plantearse para acreditar situaciones en las que el arraigo provenga de relaciones laborales ilegales, ocultas o clandestinas, pero no tiene por objeto restringir el concepto mismo de arraigo laboral a un tipo específico de relación laboral, la ilegal o clandestina, ni mucho menos imponer la obligación de denunciar la ilegalidad de la situación laboral a quien la padece. Nada de ello cabe colegir de la definición que del arraigo laboral se contiene en el apartado primero del precepto. En cualquier caso, hay que señalar que la demandante había solicitado protección internacional el 29-10-18 que le fue denegada en resolución notificada el 22-09-20 y precisamente, al amparo de dicha solicitud dispuso de autorización para trabajar.”; dice de forma explícita la Sentencia estimatoria 8/2022 del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 de Bilbao.

En este enlace podéis acceder a la cuarta Sentencia. Haz «click».

Cuando el 25 marzo del año pasado se publicó la primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre el Arraigo Laboral – STS 452/2021 – (objeto de controversia: los medios de prueba válidos para demostrar la relación laboral), muchos extranjeros vieron una gran oportunidad para poder regularizar su situación en España.  Luego, llegó otra el 6 de mayo en el mismo sentido (643/2021).

Sin embargo, como suele vaticinar la sabiduría popular: poco duró la alegría. El 8 de junio de 2021 la Secretaría General de Migraciones publicó la Instrucción SEM 1/2021 en la que literalmente pisoteaban la doctrina jurisprudencial y la Normativa de Extranjería. Una Instrucción que se veía venir, pues hasta por redes sociales altos cargos de la Administración, sin pudor ni respeto alguno, ya tocaban sus tambores de guerra y anunciaba con absoluto desparpajo (parafraseándole) “ni sentencias, ni leches”.

Como camisa de fuerza, las Instrucciones se convirtieron en dagas para la Administración que comenzó a denegar a más no poder solicitudes de Arraigo Laboral amparándose en un texto sin valor normativo alguno y sin apego ni a las Sentencias ni a la Ley. La mano estaba en la empuñadura y sin considerar los precedentes, las denegaciones llegaban de continuo.

Muchos fuimos los que nos quejamos y gritamos y hasta llegamos a hacer una campaña en la que se recogieron miles de firmas. Nuestras quejas llegaron hasta el Defensor del Pueblo, quien también nos dio la espalda.

La única manera legal posible para “tumbar” las malditas Instrucciones era recurrir denegación por denegación para que los Jueces tomaran una decisión: o tienen razón los jueces del Tribunal Supremo o tiene razón la Administración con sus Instrucciones. La suerte estaba echada. Solo quedaba luchar.

Estaba cantado que en los Tribunales veríamos la luz que tanto se nos negó y que tantos dolores de cabeza provocó a los profesionales de la Extranjería y, sobre todo, a aquellos extranjeros que querían hacer valer sus derechos, pero que los veían pisoteados. Las Instrucciones eran un muro tan alto o aparentemente infranqueable como aquel muro de Juego de Tronos. Solo que esta vez la Guardia de la Noche era la propia Administración que parece olvidar que está para servir al administrado.

La Justicia se pronuncia en alto

Tras un invierno más largo y duro que el de aquella serie de George R. R. Martin en la que Extranjería aplicaba las Instrucciones y denegaba sin miramientos, hemos visto la luz en enero con cinco sentencias.. Sí, la luz que ha vencido al miedo, a la cobardía, a una Administración cruel… Por fin los jueces han comenzado a desmantelar las instrucciones de Arraigo Laboral.

Otra tercera Sentencia que, si bien no es firme aún, sí nos da una idea de por dónde van los jueces. Se trata de una Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia contra la denegación de un Arraigo Laboral en la que el interesado tuvo relación laboral inferior a 30 horas y que, como era previsible, la oficina de extranjeros de Valencia había denegado alegando la SEM 1/2021.

Según la mencionada Sentencia (que condena en costas a la Administración); y citamos textualmente:

(…) se trata de una interpretación restrictiva no ya contemplada por la norma reglamentaria, RD 557/11, sino por una instrucción administrativa dictada a consecuencia de la doctrina establecida por la sentencia dictada y otras que le sucedieron, la instrucción SEM 1/21. La instrucción declara aplicable analógicamente, el supuesto del art. 124.2 b) 2°, para el arraigo social: debe representar una jornada semanal no inferior a treinta horas en el cómputo global, cuando podía haber aplicado otros criterios, también análogos: SMI del art. 64. (…) Se trata de una interpretación restrictiva sin soporte legal ni reglamentario, derivada de la instrucción, que vinculará a la Administración de Interior, pero no a los Juzgados y Tribunales, que no cabe admitir.

También hemos tenido constancia de una cuarta; en este caso del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Santander que va en la misma línea que la Sentencia de Valencia.

En esta se establece que: “las instrucciones no son normas, ni pueden, en modo alguno alterar su contenido tal y como se determina por la doctrina vinculante del TS. Así resulta del art. 6 Ley 40/2015 que limita su eficacia al ámbito interno de la administración. Por ello, en la aplicación de la materia, que es estrictamente reglada, la administración debe atenerse a la norma según la doctrina legal fijada por el TS, y todo apartamiento, consciente o no de la norma a la hora de resolver, es contrario a derecho.”.

“Esa doctrina deja claro, sin lugar a duda, que, en la acreditación de la existencia de relaciones laborales a efectos del permiso de residencia por arraigo laboral, prevalece el derecho fundamental a usar los medios oportunos de prueba, por lo que no cabe ningún tipo de instrucción o interpretación que limite este extremo. Y, en contra de lo que parece insinuarse, la doctrina del TS es clara al argumentar que el fin del art. 124.1 REx es precisamente, facilitar la prueba, no restringirla. Y facilitarla, precisamente, cuando las relaciones laborales han sido clandestinas o irregulares, porque es precisamente entonces cuando nace la necesidad de usar los medios de prueba alternativos. Porque no es un acicate para la denuncia de esas situaciones por quien es víctima de las mismas”, añade la Sentencia.

Ya llevamos cinco Sentencias en la que los jueces, firmes, ponen a la Administración de rodillas ante el administrado, dándole un buen repaso a aquellas Instrucciones. Son las dos primeras, pero no serán las últimas. Ya no es una cuestión de fe u optimismo, es una certera convicción.

Legalteam tiene en estos momentos varias denegaciones recurridas en distintos tribunales a la espera de que se dicte sentencia y, como debe ser previsible, resulten estimatorias.

La Administración a partir de ahora tiene dos caminos: o seguir empecinada en aplicar aquellos restrictivos criterios de la Secretaría General de Migraciones o dar marcha atrás a sus actos. Nosotros, desde la profesionalidad y el respeto, apostamos e instamos a que haga lo que tiene que hacer y no persista en truncar procesos válidos y legales que son más que procedimientos administrativos, son puertas que cierra en la cara de seres humanos que necesitan de sus “papeles” para poder vivir y trabajar.

Por decencia y por respeto, lo que tendría que hacer la Administración es pedir disculpas y ceder. Ningún órgano está impune a la fuerza de la verdad y la Justicia; y hoy es un día para recordarlo y celebrarlo… un día que marca una pauta en esta lucha justa por los extranjeros y sus derechos. Celebremos entonces el triunfo de la Justicia que hoy da voz a aquellos que tanto necesitaban ser escuchados.

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