Reforma del Reglamento de Extranjería: se pronuncia el Ministro

La Asociación de Extranjeristas Holis, de Barcelona, ha presentado sus consideraciones a esta propuesta de Reglamento.

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este lunes la reforma que está preparando su departamento de la Ley de Extranjería y que incluiría regularizar a los extranjeros sin papeles que se formen en sectores en los que no hay trabajadores. A su juicio, este arraigo por formación es una buena medida para evitar situaciones de economía sumergida o violación de Derechos Humanos que se pueden dar en la actualidad.

Durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, el responsable de Inclusión ha señalado la necesidad de hacer estas modificaciones ante las «anomalías» que presenta ya esta norma cuya última modificación, según ha apuntado Escrivá, data del año 2000, «cuando apenas había inmigrantes en España».

A su juicio, la exigencia de tres años de residencia para conceder a los extranjeros el arraigo social en España es «razonable», pero no ve igual «lo que viene después» en relación al mercado de trabajo que son, según ha explicado, «periodos largos» de un «promedio de siete años» para la inclusión «propiciando la economía sumergida o la violación de derechos humanos».

En este sentido, ha explicado que la reforma se está planteado «de urgencia» y ya se ha negociado con los agentes sociales. Además, ha explicado que pronto termina la consulta pública y que, aunque se siguen haciendo «ajustes» dentro del Gobierno, «la acogida es muy positiva desde prácticamente todos los ángulos» que él, según ha apuntado, ha percibido.

Del mismo modo, ha indicado que esta propuesta de «arraigo por formación» está «inspirada» en algunos de los países del entorno en los que «mejor han trabajado» en esta sentido. Así, ha puesto como ejemplo a Alemania que, a su juicio, es «una referencia en cómo interacciona» ante el «binomio migración regular y protección de los derechos humanos».


Puedes consultar nuestro análisis en vivo sobre este y otros detalles del borrador que se presentará al Congreso.


Sobre el trabajo de los jóvenes

Preguntado si la inclusión de extranjeros al mercado de trabajo elimina las oportunidades de los jóvenes españoles, tanto en el caso de la reforma de esta norma como en el de la integración de los refugiados ucranianos, el ministro ha respondido señalando que esa afirmación «no tiene sustento empírico» y ha puesto como ejemplo la inclusión de la mujer al mercado laboral en las últimas décadas que, según ha apuntado, «no ha desplazado en el trabajo a los hombres».

En este sentido, ha señalado que «los países que tienen tasas más bajas de paro» son aquellos con «una actitud de inclusión» de las personas migrantes al mercado de trabajo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha explicado que en el caso de los más de 100.000 ucranianos acogidos en España desde el inicio de la guerra ya son 7.000 los que están trabajando en el país y, en su mayoría mujeres. Escrivá ha puesto en valor esta cifra ya que, según ha recordado, la mayoría de los desplazados son menores y también hay un gran número de personas mayores.

Sobre la situación de estas personas, ha explicado que el número se ha estabilizado entre los 125.000 y 130.000 desplazados al país, teniendo en cuanta que algunos ya están volviendo, pero también que sigue llegando gente, según ha indicado.

(Con información de Diario Siglo XXI)

La Asociación de Extranjeristas Holis, de Barcelona, ha presentado sus consideraciones a esta propuesta de Reglamento

Aportaciones al Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

PRIMERO.- Que el pasado 3 de junio se hizo público el Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

SEGUNDO.- Que encontrándonos en el plazo deseamos hacer algunas consideraciones y aportaciones.

Consideraciones y aportaciones

Arraigo laboral:

Se debería eliminar del primer párrafo el requisito de “estar en situación irregular”, por contravenir la Instrucción de la Dirección General de Migraciones, de plena compatibilidad de la protección internacional, con cualquier tipo de arraigo.

En cuanto al segundo párrafo del art. 124.1 se debería eliminar el periodo de dos años anteriores o ampliarlo a 5 años.

En relación al art. 127.2 que se nos propone; si regula la situación de irregularidad mediante acta de la Inspección de Trabajo, ampliar de dicha relación laboral de 2 a 5 años, ya que lo limita a tan sólo 1 año, cuando la mayoría de los procedimientos laborales tardan más de un año. Los señalamientos por despido vienen a tardar en señalar 1 año y los procedimientos ordinarios de reclamación de cantidad de 2 años hasta incluso 3 años; lo que excluye legalmente la limitación temporal anual, y procede o eliminar toda o cualquier tipo de limitación temporal o como mínimo ampliarla a 5 años.

En esta propuesta valoramos de forma positiva que se incluyan las relaciones laborales por cuenta propia; algo que a día de hoy según la Instrucción SEM 1/2021 sobre el procedimiento relativo a las autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo laboral, no es posible. Aunque ya en este sentido existe una resolución judicial que reconocía al cuenta propia (Sentencia 37/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 6 de Bilbao).

Sin embargo, notamos que son más las cosas negativas que las buenas que propone. No recogen el espíritu de las Sentencias del Tribunal Supremo que no hablan de cuándo tuvo que haber sido la relación laboral; algo que tampoco dice el Reglamento de hoy. Es decir, ahora nos dicen que las relaciones laborales sean en los dos últimos años. En este sentido, el nuevo proyecto se carga varias sentencias tras la Instrucción SEM 1/2021 (Sentencia 121/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 14 de Barcelona, Sentencia 51/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Santander, Sentencia 85/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Sevilla).

Nos habla del número de horas. Ahora nos dicen mínimo 30 horas semanales en seis meses o 15 horas semanales en un año. En este sentido, el nuevo proyecto se carga también varias sentencias tras la Instrucción SEM 1/2021 (Sentencia 43/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Bilbao, Sentencia 16/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 9 de Valencia, Sentencia 18/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 3 de Valencia, Sentencia 8/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Bilbao, Sentencia 69/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 3 de Bilbao, Sentencia 92/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 3 de Bilbao).

Nos habla de que tiene que haber sido actividad laboral “regular”. En este sentido, el nuevo proyecto se carga también varias sentencias tras la Instrucción SEM 1/2021 (Sentencia 113/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Alicante, Sentencia 8/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Bilbao, Sentencia 416/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 9 de Madrid, Sentencia 10/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 7 de Sevilla, Sentencia 14/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Santander, Sentencia 66/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Bilbao).

Nos habla de que se tiene que estar en situación administrativa irregular; quedando pues fuera, solicitantes de asilo, titulares de asilo que estén recurriendo en Reposición o Contencioso. Esto es una barbaridad. En primer lugar el nuevo proyecto se carga también varias sentencias tras la Instrucción SEM 1/2021 que reconocen la compatibilidad del asilo y el Arraigo Laboral (Sentencia 59/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 12 de Sevilla, Sentencia 00073/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Zamora, Sentencia 22/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Bilbao, Sentencia 16/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 9 de Valencia, Sentencia 76/2022 Juzgado Contencioso Administrativo Número 4 de Bilbao, Sentencia 86/2022 Juzgado Contencioso Administrativo Número 4 de Bilbao, Sentencia 111/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 6 de Sevilla, Sentencia 202/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Castellón).

Juez extranjería España

Da la impresión que esta propuesta de modificación del Reglamento es una evidente afrenta al Tribunal Supremo que con su jurisprudencia ha quitado la razón a la Administración. Es evidente que lo que parece hacer la Secretaría de Migraciones es modificar la norma pero NO modificando la Ley de Extranjería, sino a través de un Reglamento de urgencia. Sin duda alguna, la modificación del Arraigo laboral lo que refleja es una desobediencia total al Tribunal Supremo.

Vuelve, con este borrador, a caerse en el reiterado error de aplicar criterios restrictivos donde hasta la publicación de este proyecto, ni la ley ni el reglamento ni la jurisprudencia reiterada los había establecido. Y es que, el criterio restrictivo que nos propone ahora el nuevo proyecto, va contra la naturaleza misma del arraigo laboral y contra toda lógica: si una persona ha establecido un vínculo estrecho con España por haber desarrollado relaciones laborales por el tiempo mínimo requerido y durante el tiempo de permanencia exigido, pudo haberlo hecho tanto hallándose en situación regular como en situación irregular.

Y en esa situación podrían encontrarse, por ejemplo, los solicitantes de asilo político o reconocimiento de la condición de refugiado, que desde el momento en que están autorizados a trabajar y hasta tanto esperan a que se resuelva su situación, pueden haber establecido relaciones laborales durante todo ese tiempo de espera. Sea por cuenta ajena o propia, su actividad laboral en los términos que la norma exige, le puede permitir, sin perder su calidad de solicitante de asilo y mientras espera a que se resuelva, solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral.

Si así lo ha declarado la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, no hay razón para no admitir a trámite, ni para denegar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral a quien está a la espera de la resolución de su solicitud de asilo, pues esta persona se encuentra legalmente en España, aunque sujeta a una situación de precariedad derivada de su situación administrativa provisional. Sin embargo, la Secretaría general de Migraciones lo que viene a hacer con el tema del Arraigo Laboral es no escuchar la reiterada jurisprudencia y en plan “decretazo” implantarlo reglamentariamente, a su antojo.

Entendemos que la autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral se presenta como el camino idóneo para darle mayor seguridad a su situación en España y fundamentada en un hecho cierto y objetivamente demostrable: la existencia de relaciones laborales; algo que este proyecto de reglamento, y en términos del más absoluto y estricto respeto, se carga.

Este proyecto no toma en cuenta el hecho de que la vida social es dinámica y las circunstancias que rodean a las personas por eso mismo son variables, razón por la cual, alguien que pudo haber tenido empleo en algún momento podría haberlo perdido o ver reducida su jornada de trabajo por causas ajenas a su voluntad (y tenemos un ejemplo palpable con los ERTE a los que ha dado lugar la pandemia del COVID-19). O alguien que vino a España con la intención de cursar estudios, realizar investigaciones, efectuar prácticas profesionales o labores de voluntariado, podría haber mantenido relaciones laborales durante su permanencia, sea en forma legal, previa autorización administrativa, pero también de forma clandestina, sin que tal clandestinidad haga menos laboral a la relación, pues lo que cuenta es la naturaleza jurídica, sus elementos ontológicos configuradores, no la manera en la que se pudiera haber dado.

A modo de ejemplo, si un estudiante ha estado trabajando a tiempo parcial, previa autorización administrativa para hacerlo, con la finalidad no solo de procurarse un ingreso complementario, sino también para empezar a adquirir experiencia laboral (circunstancia absolutamente legítima por el coste de oportunidad que le podría significar no hacerlo si tiene la oportunidad para ello) no puede ser penalizado por la apreciación restrictiva, contraria a Derecho, que se establece con este nuevo proyecto de modificación del Reglamento que, con una visión puramente formalista, permanece indiferente ante situaciones que, cumpliendo con las condiciones fijadas en la normativa actual, son perfectamente subsumibles dentro del concepto de arraigo laboral, tal como lo ha perfilado la jurisprudencia.

Estudiantes en España

Es cierto que los titulares de una autorización de estancia por estudios pueden solicitar una modificación de su autorización luego de haber permanecido en España durante al menos tres años, pero deben además cumplir con unas condiciones adicionales que no todos estarán en condiciones de cumplir (por ejemplo, el no haber sido becados ni subvencionados dentro de programas de cooperación y desarrollo del país de origen o españoles o haber superado con aprovechamiento los estudios para los que se matriculó).

Pero esos mismos estudiantes podrían, si pueden acreditar la existencia de relaciones laborales durante al menos seis meses tras haber permanecido, al menos, dos años en España, solicitar también una autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral. Y ello no supone ningún fraude de ley, mala fe ni abuso del derecho: para el fraude de ley se requiere la utilización de una norma jurídica (norma de cobertura o enmascaramiento) para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él (resultado antijurídico), lo cual exige una actuación humana dolosa que busque ex profeso ese objetivo, a sabiendas de lo que hace y de lo que busca conseguir.

Es decir, interviene en todo momento la deliberada actuación humana, de manera planificada, enfocada, orientada hacia un fin. Pero no puede considerarse, objetivamente, que sea ese precisamente el caso de un estudiante que, como parte de su proceso de formación, estima conveniente empezar a trabajar para tener contacto con el mundo laboral-profesional. O el de alguien que ha estado trabajando legalmente y repentinamente pierde su empleo o el título que le habilitaba a tenerlo (por ejemplo, el solicitante de asilo, pero también alguien que ha visto denegada su solicitud de renovación de autorización de residencia y trabajo y ha interpuesto los recursos pertinentes). Porque ni el sentido común, ni la presunción de buena fe (que siempre ha de regir en tanto que no resulte probada la mala fe), permiten considerar que alguien inmerso en su cotidianidad estudiantil-laboral o laboral, con una vida que podría considerarse normal o promedio, se plantee deliberadamente y sea capaz de modificar una circunstancia, regida por una norma determinada por ser la que corresponde y que no está en sus manos modificar, para obtener un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico.

Ello equivaldría a pretender modificar la realidad o los hechos ya acontecidos y por tanto históricos (la existencia de relaciones laborales, bien hayan sido legales o clandestinas); y sin duda alguna es lo que hace este proyecto de modificación del Reglamento. Aquí hay una situación fáctica, que se puede probar por cualquier medio admitido en Derecho, verificada la cual, nos hallaremos ante en el supuesto del art. 124.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, sin que se hubiera puesto deliberadamente en esa situación, sino que justamente los hechos acontecidos, fijados y verificados, son los que colocan a la persona bajo el ámbito de aplicación de la citada norma.

Dado que a nadie puede impedírsele la realización de un acto permitido por la ley, ni tampoco se puede desconocer los efectos que la ley atribuye a hechos o circunstancias dados en la realidad (el efecto del Derecho no puede desconocerlo el hombre), no puede un nuevo proyecto, que no tiene carácter normativo, restringir y dejar fuera del ámbito de aplicación de una norma jurídica a quienes de hecho sí se hallarían dentro de él. Esta circunstancia, insistimos, debe ser corregida.

Y lo propio respecto de la mala fe: recordemos que este concepto jurídico es excepcional en tanto que, al no ser la regla general, sino la excepción que destruye una presunción iuris tantum establecida legalmente (arts. 7.1 y 434 del Código Civil), debe por eso mismo probarse y ser declarada como tal para que se desplieguen los efectos previstos en caso de su concurrencia en el caso concreto. Pero no se puede, sin más, de buenas a primeras, decir que hay mala fe prima facie, pues en tanto que no resulte probada inequívocamente, la regla es que siempre ha de primar la presunción de buena fe: no tiene ningún sentido para un extranjero que ha permanecido en España durante el tiempo establecido en la disposición normativa en referencia y que ha mantenido relaciones laborales durante al menos seis meses actuar de mala fe porque justamente lo que busca es mantener la legalidad de su situación, regularizarla o procurarla. Y mucho menos podría decirse, sin más, que hay abuso del derecho, por cuanto al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, debe ser dotado de contenido en cada caso concreto, sin que sea posible establecer un criterio general apriorístico para determinarlo.

Personas estudiando

El concepto de arraigo en general y en concreto el arraigo laboral, como lo ha perfilado la jurisprudencia, no puede tampoco quedar reducido exclusivamente a un mecanismo jurídico de regularización de la situación de personas que se encuentren en España en situación irregular. Es mucho más que eso: es un medio para la integración social en España del extranjero y es así como lo ha configurado el legislador, dejando al desarrollo reglamentario la determinación de las condiciones y requisitos para su reconocimiento a través de la concesión de las pertinentes autorizaciones de residencia, por ser la Administración la que cuenta con los medios técnicos, las infraestructuras, el personal y las condiciones precisas para poder determinar las situaciones generadoras de arraigo en España.

Y, según la configuración jurisprudencial, lejos de castigarse o estigmatizarse, más bien es un reconocimiento por parte del Estado al esfuerzo integrador de las personas extranjeras en España, su voluntad de residir efectivamente en el país y formar parte de él como miembro de la sociedad de pleno derecho, con todos los beneficios, pero también deberes y obligaciones que tal circunstancia comporta. Si para unos es, efectivamente, dadas sus circunstancias, un mecanismo para regularizar su situación jurídica-administrativa en España, para otros puede ser, en cambio, un medio para mejorar su situación jurídica-administrativa en el país, que puede ser legal, pero tener limitaciones o restricciones por las características del tipo de autorización que pudiera tener o por la incertidumbre de ella. Reducir por ello el arraigo, en lo que nos ocupa, el arraigo laboral, a un mero mecanismo de regularización de extranjeros en situación irregular, tiene un efecto estigmatizante y con ello, desconoce la intención real del legislador con el Reglamento que hoy tenemos en vigor, que es fundamentalmente integradora (no se puede perder de vista el pomposo título de la ley reguladora de la materia: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). En palabras de la jurisprudencia, frente a la argumentación esgrimida por la Abogacía del Estado:

«La interpretación que nos propone el recurrente, por la vía de una indebida restricción de los medios de prueba del arraigo laboral, a lo que realmente conduce es a una restricción del concepto del mismo arraigo laboral que quedaría circunscrito a las relaciones laborales clandestinas y, dentro de éstas, a las que hayan sido denunciadas ante la Inspección de Trabajo o ante los Tribunales, y la acotación en estos términos del concepto  de arraigo laboral ni se desprende de la ley (art. 31.3 LOEx) ni cabe deducirlo de los términos en los que el reglamento se refiere al arraigo laboral que se limitan a aludir a “la existencia de relaciones laborales”, sin más calificativo.

El precepto sólo exige, además de carecer de antecedentes penales, demostrar, dentro de los márgenes temporales que indica, “la existencia de relaciones laborales” sin distinción alguna, y eso incluye cualesquiera relaciones laborales, las clandestinas, hayan aflorado o no ante la Inspección o los Tribunales, y las no clandestinas, como v.gr. – y éste es el caso de autos- las que hayan podido concertarse al amparo de anteriores autorizaciones de residencia cuya vigencia hubiera expirado.

Ninguna justificación, ni apoyo en la definición de arraigo laboral contenida en el reglamento que hoy se encuentra en vigor, tiene atribuir dicho arraigo a quien, permaneciendo en España al menos durante dos años, ha estado trabajando durante seis meses de forma ilegal o clandestina, y negárselo, en cambio, a quien concurriendo las mismas circunstancias temporales, haya trabajado de forma legal o al amparo de una autorización de residencia anterior que hubiera perdido vigencia» (Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia número 452/2021, del 25 de marzo de 2021. Roj: STS 1184/2021 – ECLI: ES:TS:2021:1184).

No puede tampoco soslayarse una situación que también podrá darse en la realidad: el del trabajador extranjero titular de una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, que ha permanecido en España durante al menos dos años, pero que no ha cotizado lo suficiente como para poder obtener la renovación de su autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, pero que en cambio, puede probar que ha estado trabajando de forma clandestina durante al menos seis meses a través de los medios fijados en el art. 124.1 del Reglamento. En ese caso, se trata de una persona que ha residido legalmente en España y ha estado autorizada a trabajar por cuenta ajena, pero a quien sus empleadores no han formalizado contrato de trabajo, ni han afiliado ni dado de alta en la Seguridad Social, lo cual conduce al absurdo de que una persona en situación regular en España y que puede probar la existencia de relaciones laborales mediante resolución judicial que las reconozca o resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se vea impedida de solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral y deba esperar a primero caer en situación de irregularidad sobrevenida para luego poderse regularizar a través del arraigo laboral. Resultado ABSURDO al que no puede conducir la norma jurídica (la norma jurídica no está hecha para el absurdo), ni la interpretación que de ella ha efectuado el Alto Tribunal y que, sin embargo, es al que conduciría la aplicación del criterio establecido en la Instrucción de que sólo se podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales cuando el extranjero se encuentre en situación irregular en España.

En conclusión: para solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral no debería ser necesario exclusivamente encontrarse en situación irregular al momento de la solicitud, pues puede también la persona haber permanecido en España durante al menos dos años y  hallarse en situación regular como titular de una autorización de residencia o de residencia y trabajo por cuenta ajena o de una autorización limitada o restringida (por ejemplo, los solicitantes de asilo o los titulares de autorización de estancia por estudios) y durante ella haber tenido relaciones laborales durante al menos seis meses, sea de forma legal y pública o bien de forma clandestina (conocida coloquialmente como “trabajo en negro”). Todo lo cual, probado que sea, hace que se cumpla con el requisito exigido por el art. 124.1 del Reglamento de la Ley de Extranjería y en consecuencia, torna procedente la concesión de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral. Aquí, una vez más, se estaría cumpliendo con la función integradora del arraigo respecto del extranjero en tanto que se reconoce una situación fáctica en la que se ha visto inmerso y de la cual, no obstante, la clandestinidad y la informalidad, generan consecuencias jurídicas que por justicia y equidad no pueden ser desconocidas.

El Derecho, en definitiva, no sólo en su faceta normativa, sino también en su dimensión como instrumento de ingeniería social, no puede dar la espalda a la realidad y así lo reconoce con carácter general el propio legislador (art. 3 del Código Civil). En consecuencia, no puede desconocer efectos jurídicos a situaciones de hecho que se han venido manteniendo de manera estable a lo largo del tiempo (tiempo que, en cada caso, fija la norma reguladora de la situación), en aras de la seguridad jurídica, que es un principio garantizado por la Constitución (art. 9.3).

Justamente el reconocimiento de efectos jurídicos a situaciones mantenidas de manera estable durante el tiempo es el origen de diferentes instituciones jurídicas conocidas entre nosotros, entre las que podemos mencionar la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio (título XVIII del Código Civil); la consolidación de la nacionalidad española por posesión de estado (art. 18 del Código Civil); la consideración como pareja de hecho que prevén las regulaciones autonómicas a quienes, sin tener vínculo matrimonial entre sí, hayan convivido durante determinado tiempo o tengan descendencia en común (entre nosotros, en Cataluña, el art. 234-1, letras a y b, del Código Civil de Cataluña) o en lo que aquí nos ocupa, el arraigo, en general y en concreto, el arraigo laboral, que es el reconocimiento del hecho social de la integración del extranjero en el tejido económico del país, su actuación como agente económico.

Si ésta y no otra ha sido la intención del legislador, que ha dejado la determinación de las condiciones a cumplirse a la reglamentación, por ser la Administración, dirigida por el Gobierno del Estado, la que cuenta con los medios, recursos, infraestructuras y datos para poder hacer tales determinaciones y a su vez la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en su labor encomiable de complementación e integración del ordenamiento jurídico (que podría decirse, la de dar vida al ordenamiento jurídico o si se quiere, darle concreción a lo abstracto o cuerpo al espíritu) ha establecido el criterio interpretativo a seguirse, por haber hallado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. No puede esa intención del legislador, ese telos fijado con la finalidad de procurar la integración social de los extranjeros en España, ser limitado o restringido a través de un nuevo proyecto de Reglamento. Por lo tanto urge y se interesa su revisión, en aras de la plena vigencia del Derecho en la circunstancia que nos ocupa.

En resumen, como el Supremo quita la razón a la Administración, lo que parece hacer la Secretaría de Migraciones es modificar la norma. Sin duda alguna, la modificación del Arraigo laboral lo que refleja es una desobediencia total al Tribunal Supremo y debemos mostrar nuestro total desacuerdo.


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