Ser español: una odisea de años, dinero… y papeles

• «Pueden decir que a mí me conviene, porque mi despacho está ganando dinero, pero me niego a que se tengan que interponer estos recursos, aunque me repercuta en ganancias. Nosotros hemos presentado más de 500, la mayoría ya resueltos. Pero es un dinero que no gusta ganar porque es injusto», según Guillermo Morales Catá, director del bufete Legalteam.
• Fátima, nacida en España: «Vivo con miedo a que me expulsen a Marruecos, un país desconocido para mí».
• La solicitud de nacionalidades por extranjeros residentes en España se desploma un 56% y cae a mínimos.
• Dina Bousselham: «Nadie tiene que decirme si me siento o no española».

Un año. Es lo máximo que la Administración debe tardar en resolver las peticiones de nacionalidad por residencia. Así lo establece la ley, pero los plazos no se están cumpliendo. Bien lo saben Fátima Khaiar, Othman Kadmiri o Silvia Liliana Tejeda. Ellos son solo tres de los casi 400.000 solicitantes que viven pendientes de un dictamen.   En respuesta a una cuestión formulada en el Congreso, el Gobierno reconocía en abril que en aquel momento se trabajaba en la resolución de los expedientes presentados en 2015. «En su mayoría pendientes de recibir informes preceptivos de  la Policía», agregaba.

Guillermo Morales Catá, director del despacho de abogados Legalteam, confirma que «no se ha resuelto ningún expediente de 2016 ni de 2017», y puntualiza: «Por la vía ordinaria porque mediante un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional la concesión se logra en mes y medio».

Acudir a la justicia reduce drásticamente los plazos pero aumenta sustancialmente los costes. A los más de 800 euros que pueden llegar a sumar la tasa por el servicio de tramitación, los derechos para hacer la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y la de español ­–esta solo para los no hispanohablantes– y la obtención del certificado de antecedentes penales en el país de origen, se unen los al menos mil euros de abogado, procurador y poder para pleitos.

«El 60 o el 70% de los extranjeros justo llegan al salario mínimo. No pueden asumir ese gasto. Yo me lo podría permitir porque mi mujer y yo trabajamos. Pero no lo voy a hacer. Por principios. No tengo que pagar por un derecho que la ley me otorga», se enfada Othman. «La mayoría de los inmigrantes son de clase media-baja y muchos tienen que hacer un esfuerzo entre familiares y amigos para poder pagarlo», comparte Morales.

«Pueden decir que a mí me conviene, porque mi despacho está ganando dinero, pero me niego a que se tengan que interponer estos recursos, aunque me repercuta en ganancias. Nosotros hemos presentado más de 500, la mayoría ya resueltos. Pero es un dinero que no gusta ganar porque es injusto», añade este experto en inmigración, extranjería y nacionalidad.

Cambio de procedimiento en 2015

El procedimiento para obtener el pasaporte español por residencia cambió en noviembre de 2015. Se introdujeron entonces la obligatoriedad de hacer los citados exámenes y curiosamente, el plazo de un año para la resolución de la solicitud. En aras de agilizar los trámites, se estableció también la petición telemática. Eso ha aligerado al menos el proceso de entrega. Las largas listas de espera que existían en los registros civiles para presentar los papeles han dado paso a un proceso informático que se completa en cuestión de minutos. A partir de ahí, hay que cargarse de paciencia.

Un año, dos, tres… meses y meses que se hacen muy largos, sobre todo si, como le ocurre a Fátima, todo su mundo se tambalea. Sus padres son marroquíes pero ella nació en Madrid, y en Madrid ha residido siempre. Sin embargo, nunca ha podido votar, ha llegado a perder la cobertura sanitaria y en el banco le han denegado un préstamo porque su Número de Identidad de Extranjero (NIE) está en vías de renovación, algo por lo que lleva esperando desde septiembre. Cuando tenía 20 años le denegaron la renovación de su primer NIE al no estar trabajando ni estudiando.

«Me dejaron como ilegal en mi propio país», recuerda con indignación y le preocupa que algo similar pueda volver a ocurrir. Ahora tiene un empleo, pero no puede evitar vivir con incertidumbre. Esta joven solicitó la nacionalidad hace casi dos años. Siendo menor su familia desconoció durante años que tuviera que nacionalizarla y ya cumplida la mayoría de edad, ella quiso aguardar a tener una estabilidad económica, por miedo a que si estaba en paro no se la concediesen. ¿Plan de choque? Con tantas trabas no es de extrañar que en 2017 la solicitud de nacionalidades por extranjeros residentes en España sufriese un desplome interanual del 56%, hasta las 66.498.

Según datos a los que ha tenido acceso Legalteam, desde el cambio de procedimiento en 2015, cerca de 215.300 personas la han pedido, pero solo 548 han visto resuelto su expediente, «casi todas tras interponer un recurso contencioso», denuncia el bufete de Legalteam.

El Gobierno ha anunciado un plan de choque para afrontar el colapso. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, avanzó en noviembre la intención de contratar a cien personas pero poco más se sabe. Fuentes del ministerio se limitan a decir a este diario que todavía se están definiendo las medidas que se utilizarán para gestionar los expedientes pendientes. Los afectados  desconfían.

«Esa promesa ya nos la hicieron hace más de seis meses», denuncia Silvia. «Hasta que no lo vea…», coincide en dudar Morales, quien, a colación de las últimas informaciones sobre la caída de la natalidad en España a mínimos históricos, se plantea «cómo un país con esos datos bloquea a tantas personas que son el futuro de las pensiones».

Fátima, nacida en España: «Vivo con miedo a que me expulsen a Marruecos, un país desconocido para mí».

Ser extranjera en el lugar en el que ha nacido y en el que tiene construida su vida. Ese es el calvario de Fátima Khaiar. Una circunstancia que la mantiene en permanente estado de incertidumbre.

Más aún, en una situación que califica de «infierno». Y sus temores no son infundados: entre los 20 y los 23 años figuró como inmigrante irregular y se llegó a determinar su deportación. «Vivo con miedo de que me expulsen a Marruecos, un país completamente desconocido para mí, en el que no tengo nada.

De hecho, no sé ni escribir ni hablar el árabe», afirma. En España hay cerca de 400.000 solicitudes de nacionalidad española pendientes de resolución. La Administración tiene un plazo de un año para dar respuesta a estas peticiones pero actualmente existen importantes retrasos.

Fátima, que presentó la documentación a principios de 2017 y aún no tiene ni número de expediente, es una de las víctimas de dicho colapso. El desconocimiento por parte de su familia primero y la posterior espera a tener una estabilidad económica por miedo a que estando en paro se la denegasen la ha llevado a tardar tanto tiempo en pedirla.  Esta joven llegó al mundo en 1986 en el Hospital O’Donnell de Madrid, en el seno de un matrimonio marroquí que se separó al poco tiempo.

Él regresó a su pueblo natal y ella se ocupó de la pequeña sin ninguna ayuda. «Era una mujer inmigrante, que no tenía idea de nada, y no me registró hasta dos años después, cuando murió mi abuela, tuvo que llevarme a Marruecos y no me dejaron pasar porque no tenía papeles. Entonces le dieron el libro de familia y le dijeron que, al ser menor de edad, con eso valía», relata.

Así ocurrió hasta que pasó a Secundaria y le reclamaron el Número de Identidad de Extranjero (NIE). Los trámites para su obtención se alargaron durante más de tres años y cuando le fue concedido ya había cumplido los 15. «Al tener menos de 18 debía depender de alguien que trabajase y esa persona fue mi padrastro», explica.

Los problemas regresaron cuando a los cinco años le tocó renovarlo. Superada la mayoría de edad, y al no encontrarse ni trabajando ni estudiando, le fue denegado: «Me dejaron como ilegal en el país en el que he nacido». En ese instante comenzaron los tres peores años de su vida. Llegó a dejar de salir a la calle por miedo a que la Policía la identificase y perdió el acceso a la sanidad pública.

La fatalidad quiso que en esa época sufriera un aborto espontáneo y le exigieron 200 euros por la asistencia en Urgencias, dinero que se negó a pagar. «Mi madre también lo pasó muy mal. Se echaba la culpa de no haberlo hecho bien», añade. Fátima ahora tiene trabajo y recuperó el NIE pero no puede evitar seguir viviendo en la incertidumbre porque su estancia en España depende de que se lo renueven, algo que lleva esperando desde septiembre.

Este impás está obstaculizando por ejemplo que el banco le dé un préstamo con el que quiere comprarse un coche.  Con el NIE «teóricamente prorrogado» y sin saber en qué fase se encuentra su solicitud de ciudadanía, esta madrileña ha perdido la cuenta de cuántas veces ha tenido que defender que es española: «Me pertenece el pasaporte español. Yo he nacido aquí». Hasta el momento, sin embargo, nadie le da ese derecho.

«Dos años y medio sin número de expediente»

«Estoy seguro de que pasaré el resto de mi vida aquí. Yo venía de una dictadura, vivía muy mal, y en España estoy perfectamente desde el principio. A este país lo considero el mío», responde Othman Kadmiri cuando se le pregunta por qué quiere la nacionalidad española.

Este marroquí de 45 años reside en España desde junio de 2005. En un primer momento vino solo. Siete años después lo hicieron su mujer y su hija mayor, y ahora son dos más en la familia. Su periplo burocrático empezó en 2015, cuando, tras cumplir la década de residencia continuada necesaria para solicitar la ciudadanía, el registro civil de la localidad madrileña de Fuenlabrada le citó para entregar los documentos –»20 o 30 folios»– nueve meses después.

Es por ello que en su petición consta la fecha del 8 de julio de 2016.  Entre esos papeles figura la nota de una prueba de español «muy difícil», incluso para él, licenciado en Literatura Alemana y que sabe cinco idiomas. «El DELE A2 es un examen académico.

Muchos de mis paisanos hablan español pero les cuesta escribir. Como mucho aprobaría el 30%», lamenta. Él lo superó pero lleva «dos años y medio sin ni siquiera el número de expediente». «¿Y si se hubiera perdido? No puedo hacer un seguimiento. Y lo peor es no veo la luz al final del túnel».

Othman es consciente de que interponiendo un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional podría obtener un resolución en cuestión de un par de meses pero se niega a tener que pagar los al menos mil euros que le supondrían el abogado, el procurador y el poder para pleitos: «El 60 o el 70% de los extranjeros justo llegan al salario mínimo.

No pueden asumir ese gasto. Yo me lo podría permitir porque mi mujer y yo trabajamos. Pero no lo voy a hacer. Por principios. No tengo que pagar por un derecho que la ley me otorga».

«Pagando mil euros se resuelve en uno o dos meses»

A Silvia Liliana Tejeda, tener la nacionalidad española le permitiría poder viajar sin trabas a Estados Unidos y reencontrarse con su hija y su nieto, a los que no ve desde hace cinco años.

«Si pedimos el visado como cubanos no nos lo van a dar. Siendo españoles sería distinto», explica, a la vez que incide en que tanto ella como su marido, ambos inmersos en el proceso, se sienten completamente integrados en España en general y en Sant Boi en particular, la localidad barcelonesa en la que residen junto a su otra hija y un segundo nieto.

«Mi esposo llegó en 2007 y podía haberla solicitado mucho antes, pero en aquel momento trabajaba intermitentemente y, por cuestiones económicas, no la presentó. Cuando yo llegué en 2011 empezamos a trabajar los dos y fue cuando optamos a pedirla el 26 de abril de 2016», relata. Silvia habla de «cuestiones económicas» porque los trámites ordinarios pueden llegar a tener un coste superior a los 800 euros, que en su caso se duplican.

Como originarios de un país iberoamericano, este matrimonio solo necesitaba dos años de residencia en España para poder iniciar los trámites y como hispanohablantes, no tuvieron que hacer el examen de español. Pero sí el de conocimientos constitucionales y socioculturales del país.

«Lo aprobamos con la nota máxima, pero desde que hice la carrera no había vuelto a estudiar así», afirma con humor esta licenciada en Administración de la Salud.  Desde entonces, prácticamente cada semana, esta mujer de 59 años introduce su número de expediente en la web del Ministerio de Justicia y se topa con el mismo mensaje: «Abierto, en tramitación».

La demora está empezando a hacer mella, hasta el punto de que ella sí se plantea acudir a la vía contencioso administrativa e interponer el recurso ante la Audiencia Nacional. «Es un descaro que pagando 1.000 euros el tema se resuelva en uno o dos meses. Pero no nos va a quedar otra». (Tomado de el diario 20 minutos)

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