Siguen llegando denegaciones de Nacionalidad (viejo procedimiento). En esta ocasión «por no saber ubicar a Cáceres en el mapa»

Miles de personas llevan años esperando a que se les dicte resolución sobre la solicitud de Nacionalidad Española por Residencia. Imagina que tardas tantos años para que al final te la denieguen por «no estar integrado» (algo que es bastante común en el caso de aquellas personas que presentaron sus solicitudes antes de octubre de 2015 cuando entró en vigor el nuevo procedimiento de Nacionalidad).

Pues lo que le ha sucedido a un extranjero de Tarragona que presentó su solicitud en el 2010 y ahora se encuentra con la denegación «por no saber ubicar a Cáceres en el mapa».

Es de Marruecos, tiene 48 años y dos hijos nacidos en España, donde lleva trabajando casi 17 años (concretamente en Valls, Tarragona). Solicitó la nacionalidad española en 2010 pero el Ministerio de Justicia se la denegó por, entre otras cosas, no saber situar la ciudad de Cáceres en el mapa. Fue una de las ocho preguntas que el juez encargado del registro civil le hizo para comprobar si su «grado de integración en la sociedad española» era lo suficientemente alto como para conceder la nacionalidad. No lo consideró oportuno; según leemos hoy en El Periódico de Extremadura.

El rotativo señala que la solicitud la realizó en 2010 pero la respuesta del Gobierno no llegó hasta tres años después. Recurrió la resolución a la Audiencia Nacional, que ha ratificado ahora dicha decisión. No supo responder tampoco qué es la Constitución Española, ni el Parlamento, ni las Cortes Generales. Tampoco qué festividad se celebra el 8 de diciembre. Se le preguntó también por la celebración del 1 de noviembre, a lo que respondió que es «de los cementerios». «¿Conoce el nombre de algún escritor español?», le preguntó también el juez, a lo que dijo que «si es del Gobierno, no sé».

Desconocía asimismo los principales partidos políticos con representación en Cataluña, comunidad en la que reside, y dónde se encuentra la Giralda. Sobre esto último contestó que creía que se trataba de un pueblo.

NO CONOCE LAS INSTITUCIONES / De sus respuestas a este cuestionario el juez del registro civil concluyó que no podía concederle la nacionalidad española. «Del cuestionario realizado y de la audiencia se puede comprobar que conoce el idioma, que lo entiende y que sabe leer y escribir pero con mucha dificultad. Desconoce por completo las instituciones básicas del Estado. No sabe lo que es la Constitución Española y desconoce por completo aspectos básicos de la cultura española y sus costumbres», recoge la resolución dictada por el Ministerio de Justicia y ratificada después por la Audiencia Nacional.

En cambio él considera, y así lo expresó en el recurso que interpuso, que reúne todos los requisitos para concesión de la nacionalidad por residencia ya que «habla y escribe español y está plenamente integrado en el mercado laboral» (en ese momento llevaba 14 años trabajando, 12 de ellos en la misma empresa) y ha realizado cursos de formación, lo que «determina unas relaciones interpersonales más allá de la familia y su voluntad de formación e integración». El abogado del Estado, en cambio, estima que la resolución está acreditada y que «la integración no se deduce de la más o menos prolongada residencia en España, sino que lo relevante es si durante ese periodo la actitud del residente se ha dirigido realmente a formar parte de la sociedad en la que desarrolla su vida», según dicta la Audiencia Nacional.

«Si pretende no solo residir y trabajar en España sino que solicita la total equiparación política y juridica con los españoles, no solo es suficiente que hable español, ni que trabaje en España, sino que le es exigible un grado suficiente de conocimiento de las instituciones, forma de vida y costumbres del país», dice el fallo. Y añade que esos conocimientos se les exigen a los españoles en la enseñanza obligatoria. Recuerda que se pide ese grado de integración porque, al conseguir la nacionalidad, el ciudadano «adquiere el derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos».

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