| La Sala de lo Contencioso-Administrativo analizó las solicitudes de suspensión presentadas por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones.
El Tribunal Supremo ha decidido no frenar el decreto de regularización aprobado por el Gobierno en abril. El proceso seguirá activo mientras el tribunal estudia los recursos pendientes.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo analizó las solicitudes de medidas cautelares para la suspensión del proceso, presentadas por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones. Tras las vistas, los magistrados concluyeron que las asociaciones no tienen legitimación para impugnar la norma, por lo que sus recursos quedan fuera.
El Supremo sí admite que Madrid y Vox pueden recurrir, pero rechaza todos sus argumentos para detener la regularización, incluidos los supuestos efectos sobre la sanidad o el censo.
Las sesiones celebradas solo valoraban si existían motivos para paralizar temporalmente el proceso, no la legalidad del decreto. Durante el debate, algunos recurrentes centraron sus intervenciones en críticas políticas. En sentido contrario, la Abogacía del Estado, la APDHE y el Servicio Jesuita a Migrantes defendieron que no hay riesgo real que justifique la suspensión y señalaron que las objeciones se basan en datos no verificados.
