| Este proceso avanza hacia su aprobación con la solemnidad de un trámite histórico y la ligereza de un experimento improvisado.
La inminente Reforma del Reglamento de Extranjería —que incluye el tan anunciado Proceso Extraordinario de Regularización— avanza hacia su aprobación con la solemnidad de un trámite histórico y la ligereza de un experimento improvisado. Si nada se tuerce, el Consejo de Ministros podría darle luz verde el 31 de marzo, su publicación en el BOE llegaría el 1 de abril y, tras una breve vacatio legis de diez días, entraría en vigor en la segunda o tercera semana de abril. Un calendario impecable sobre el papel, aunque el papel, en España, suele ser el único territorio donde la perfección sobrevive.
Esta información ha sido confirmada a Legalteam por fuentes solventes tras una reunión (ayer) entre representantes del Ministerio de Política Territorial y los subdirectores generales de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno; lo que revela un plan tan audaz como desconcertante: externalizar la gestión del proceso y dejar fuera a las Oficinas de Extranjería (OEXT). Sí, esas mismas oficinas que llevan años sosteniendo el sistema con recursos escasos, retrasos crónicos y una profesionalidad que roza el heroísmo administrativo.
Externalizar lo esencial: la alquimia burocrática en su máximo esplendor
El Ministerio ha decidido que la UTEX —reforzada con 150 personas contratadas a través de Tragsa— será la encargada de tramitar los expedientes. Los funcionarios de extranjería, expertos en navegar el laberinto normativo, quedan elegantemente apartados. Una maniobra que recuerda a despedir al piloto minutos antes del aterrizaje para que un aficionado pruebe suerte con lo aprendido en un tutorial de YouTube.
La resolución de las solicitudes recaerá en el Director General de Migraciones, Santiago Yerga, mientras que Correos (en horario de la mañana) y las oficinas de la Seguridad Social (en horario de la tarde) asumirán la recepción de documentos en horarios partidos, como si la regularización de cientos de miles de personas fuera un trámite de ventanilla más. Los despachos de abogados evitarían las colas ya que están obligados a presentar las solicitudes de sus clientes por medios electrónicos; a través de la plataforma electrónica Mercurio.
En las 8 o nueve provincias más tensionadas —Barcelona, Madrid y compañía— las OEXT podrían recoger documentación, pero sin intervenir en la admisión a trámite, sin valorar expedientes y, por supuesto, sin resolver. Una presencia simbólica, casi decorativa, como quien invita a un experto a una reunión para que escuche en silencio.
Un plan de choque que llega tarde y mal
Ante el despropósito de excluir a quienes más saben, el Ministerio de Política Territorial ha sugerido un plan de choque: pagar 25 euros por hora a los funcionarios para que resuelvan los expedientes ya acumulados. Una propuesta que, de aprobarse, permitiría agilizar solicitudes pendientes, especialmente las de Arraigo presentadas entre el 20 de mayo y la entrada en vigor de la reforma. Pero, por ahora, no es más que eso: una propuesta. Un parche más en un sistema que lleva años pidiendo cirugía mayor.
Hoy deben reunirse los representantes de los distintos sindicatos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La experiencia, ese estorbo tan poco valorado
Desde Legalteam se denuncia —con razón— la marginación de las oficinas de extranjería en este proceso extraordinario. Y es que la decisión del Gobierno no solo es cuestionable: es un ejercicio de creatividad administrativa que roza lo temerario.
Porque la experiencia, aunque no tenga glamour ni titulares, es el pilar que sostiene cualquier proceso complejo. Y la extranjería es compleja. No es un sudoku dominical, sino un ecosistema jurídico donde cada coma puede desencadenar un problema mayúsculo. Apartar a quienes dominan ese ecosistema es una temeridad que solo puede explicarse desde la desconexión o desde un optimismo burocrático que linda con la fantasía.
El arte de convertir lo difícil en imposible
Lo más fascinante —y preocupante— de este episodio es la capacidad casi artística del Gobierno para transformar un desafío monumental en una odisea innecesaria. En lugar de reforzar lo que funciona, se opta por reinventar lo que ya estaba inventado. En vez de escuchar a quienes conocen el terreno, se improvisa con quienes aún están hojeando el manual.
Quizá, dentro de unos años, este proceso se estudie como un ejemplo paradigmático de cómo no gestionar una regularización masiva. Y cuando los expedientes acumulen polvo, las quejas se amontonen y la frustración sea moneda corriente, alguien recordará que hubo funcionarios preparados, dispuestos y capaces… pero fueron apartados para que la chapuza pudiera brillar sin competencia.
Porque en España, a veces, la experiencia estorba, la lógica molesta y la sensatez parece un lujo prescindible. Y así nos va.
NOTA IMPORTANTE:
Al margen de que en esta nota, según lo dicho ayer en la reunión entre el Ministerio de Política Territorial y los subdirectores generales de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, la Reforma del Reglamento se apruebe en el Consejo de Ministros el 31 de marzo, tengamos en cuenta las opciones posibles dado que el Consejo de Ministros, salvo que se trate de un Consejo extraordinario, se reúne los martes:
Opción 1 (la más probable): Consejo de Ministros aprueba la Reforma el martes 31 de marzo, BOE la publica el miércoles 1 de abril, vacatio legis de 10 días: entrada en vigor segunda semana de abril.
Opción 2: Consejo de Ministros aprueba la Reforma el martes 7 de abril, BOE la publica el miércoles 8 de abril, vacatio legis de 10 días: entrada en vigor tercera semana de abril.
Opción 3: Consejo de Ministros aprueba la Reforma el martes 14 de abril, BOE la publica el miércoles 15 de abril, vacatio legis de 10 días: entrada en vigor cuarta semana de abril.
Todo dependerá, para la entrada en vigor, de si se abre un período de vacatio legis o si finalmente entra en vigor al día siguiente de la publicación del texto legal en el BOE (como se había dicho en el Proyecto que aprobó el Consejo de Ministros el martes 27 de enero y como también dice el segundo borrador).
