Hoy hemos conocido la sentencia por la que un juez de Barcelona permite que un niño de nueve años y alumno de cuarto de primaria de una escuela pública de esa ciudad pueda ir a clase sin mascarilla, después de que su familia lo pidió adjuntando certificados médicos que «acreditan que el uso de la mascarilla le genera cefaleas intensas, vómitos y trastornos neurovegetativos«.
Efectivamente, el juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Barcelona en su resolución (auto) ratifica la medida cautelar que hace un mes había tomado, de manera cautelarísima, a las puertas del inicio del curso 2021-2022.
Ahora, esta confirmación —aún cautelar— implica que el niño podrá ir a la escuela sin mascarilla hasta que haya juicio (vista) y se dicte una sentencia definitiva.
El juez determina que mantiene la medida provisional porque lo contrario haría perder la «finalidad» del recurso de los familiares —el niño tendría que llevar mascarilla todo el curso a la espera de juicio—, y también se basa en los informes médicos sobre los daños físicos que causa al menor la obligación impuesta de llevar mascarilla.
Así, el juez entiende que estas «molestias y perjuicios físicos justifican» mantener el permiso para que no use la mascarilla, y reprocha a la Generalitat de Catalunya sus críticas hacia los certificados médicos que presentó la familia para apoyar su solicitud.
En este sentido, sostiene que un médico no tiene por qué hacer referencia a la normativa —la obligación de mascarilla— por la que emite un certificado, y reprocha que la administración intenta «atribuirle un papel jurídico que en absoluto le corresponde«.
La resolución dictada defiende «la prevalencia del interés particular del menor, encarnado por el perjuicio físico que sufre» frente al interés general de los otros alumnos y docentes porque cree que el resto ya están protegidos con el uso obligatorio de la mascarilla dentro de la escuela.
Por eso, tacha de «un tanto tremendista la posición de la Administración, aludiendo a un colapso del sistema sanitario y a la vida, integridad física y salud de las personas«, y el juez afirma que no cuestiona las restricciones sanitarias en vigor pero debe protegerse de la salud del menor.
