Una sentencia de la Audiencia Nacional dice que el extranjero se vería obligado a aportar en su solicitud de la Nacionalidad Española por Residencia informes preceptivos de policía nacional, registro central de penados y rebeldes e incluso, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

  • Podría tratarse de la primera sentencia desestimatoria que emite la Audiencia Nacional con el “nuevo procedimiento” de Nacionalidad que entró en vigor en el 2015 y donde más de 200 mil extranjeros siguen esperando respuesta a sus solicitudes aún cuando el art. 11.3 del RD 1004/2015 establece que la resolución debería ser dictada en el plazo de un año.
  • Condenan al interesado a pagar 1815 euros (1500 euros más iva) en concepto de costas.

Una controvertida sentencia de la Audiencia Nacional (cuatro magistrados fallan en contra del demandante) y uno con su voto particular se opone al fallo, señala que es el interesado quien a la hora de demostrar su “buena conducta cívica” se verá obligado a aportar los correspondientes “informes preceptivos”.

Se trata de M.K.T.S., ciudadano marroquí con una intachable vida laboral en España, quien tras haber residido en territorio español más de diez años, presentó su solicitud de la nacionalidad española por residencia al amparo del artículo 22.1 del Código Civil Español (para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años), en fecha once de julio de dos mil dieciocho, cumpliendo con todos los requisitos legalmente establecidos.

En virtud del art. 11.3 del RD 1004/2015, al ver que había pasado más de un año sin tener respuesta a su solicitud, decidió buscar amparo judicial e interpuso Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional.

El RD 1004/2015 es la Normativa que junto con el Código Civil, regula el procedimiento de nacionalidad española por residencia. A diferencia de lo que sucedía antes de que entrara en vigor esta normativa en que el interesado instaba su solicitud en el registro civil de la localidad donde reside, este procedimiento es electrónico en todas sus fases y para ello el Ministerio de Justicia ha habilitado una plataforma electrónica en la que el interesado o su representante legal, además de aportar los documentos exigidos, consiente de manera explícita que sea la propia administración quien consulte con información que obra en su poder, si al interesado le constan antecedentes penales, policiales o algún informe desfavorable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde Legalteam -despacho especializado en temas de Extranjería y Nacionalidad con sede en Barcelona y quien se ha encargado del caso- creemos que se trata de una sentencia injusta pues no podría imputársele nunca al solicitante el hecho de que la propia Administración no remita los informes preceptivos ya que la Administración General del Estado, que actúa con personalidad jurídica única, es quien debe emitir  los informes son órganos de la Administración General del Estado, en cuyo poder ya obra la información necesaria para elaborarlos, no siendo obligación del interesado aportar documentos que ya consten en poder de la Administración. Al respecto, al no establecerse en la normativa reguladora del procedimiento un plazo para su emisión, resulta de aplicación lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en tanto que normativa supletoria y subsidiaria, que establece reglas claras con relación al plazo para emitir los informes y consecuencias para la falta de emisión de los informes en el plazo previsto (art. 80. apartados 2 y 3), con la posibilidad de suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en el caso de que se trate de un informe preceptivo, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe, todo lo cual deberá ser comunicado a los interesados, sin que la suspensión del plazo pueda superar los tres meses y de no recibirse los informes en ese plazo, el procedimiento podrá proseguirse aun sin el informe preceptivo (art. 22.1.d.).

La mencionada Ley 39 ya deja claro que el interesado no debe aportar ningún documento que obre en poder de la administración.

En el caso que nos ocupa, el interesado en ningún momento, durante el plazo establecido por la normativa reguladora del procedimiento para resolver y notificar, recibió comunicación alguna del Ministerio de Justicia en el sentido de que se hubieran solicitado los informes preceptivos solicitados y se hubiera acordado la suspensión del plazo hasta tanto sean emitidos los informes preceptivos solicitados, por lo que el plazo para resolver y notificar nunca se suspendió y continuó transcurriendo: si la Administración no hizo uso de la facultad legal de acordar la suspensión del transcurso del plazo hasta tanto fueran emitidos los informes, dicha circunstancia no es imputable al interesado y en consecuencia, no puede perjudicarse al mismo.

Uno de los magistrados, con su voto particular, es de la opinión de Legalteam.

Este magistrado señala que: “Los documentos que el abogado del Estado denuncia como ausentes del expediente administrativo estaban en poder de la Administración demandada y además el mismo interesado había prestado su consentimiento para que dicha Administración demandada procediera a su comprobación automática. Según esto, es de ver, en primer lugar, que era la Administración demandada la que tenía un acceso más fácil a los documentos de referencia ya que obraban en su poder mientras que el interesado tenía que solicitar a dicha Administración la entrega de los referidos documentos para su aportación al expediente, de tal manera que a la Administración le resultaba más fácil la prueba al ser ella misma la fuente de que procedía la información. Pero es que, en segundo lugar, el interesado había prestado su consentimiento para que la Administración procediera a la comprobación automática de los datos correspondientes. Pues bien, aunque este consentimiento no se interpretara como un mandato sino como una autorización, no resulta conforme a la regla de la buena fe que la Administración ofrezca al interesado la posibilidad de prestar dicho consentimiento para que sea la propia Administración la que utilice la información de que dispone incorporando los datos correspondientes al expediente de nacionalidad y después en sede judicial alegue que dichos documentos no figuran en el expediente gubernativo. Tras prestar aquel consentimiento en su solicitud de nacionalidad (el interesado tenía la opción de no dar dicho consentimiento) el interesado podía confiar legítimamente en que la Administración empleara la mínima diligencia en incorporar al expediente gubernativo los correspondientes documentos que estaban en su poder y que interesaban al caso. El interesado podía confiar de manera legítima en que accediendo a prestar su consentimiento en la solicitud de nacionalidad cumplía con la diligencia probatoria que le era exigible. La Administración demandada, en cambio, al aceptar el referido consentimiento y no utilizarlo, y además reprochar en sede judicial al interesado la ausencia de los documentos de referencia en el expediente, no respeta las exigencias de la regla de la buena fe que debe presidir las relaciones entre la Administración y los administrados y además contraviene el principio de seguridad jurídica.

Corolario de todo lo anterior es que en el caso la ausencia de los documentos que el abogado del Estado echa en falta en el expediente administrativo no puede perjudicar al interesado, que dadas las circunstancias satisfizo en su justa medida la diligencia probatoria que le era exigible.

En definitiva, se considera que el pronunciamiento de la sentencia debió ser estimatorio del presente recurso en función de la doctrina de la carga de la prueba, a lo que sería de agregar que no puede perjudicar al interesado el incumplimiento por la Administración demandada de determinados trámites procedimentales que son de su incumbencia pues sabido es que nadie puede beneficiarse de sus propias omisiones o infracciones”.

Nos encontramos sin duda alguna con una sentencia que vulnera el espíritu de la Ley 39 del RJAP que, reiteramos, explicita de forma textual que el interesado no tiene la obligación de aportar ningún documento que obre en poder de la administración.

Otra sentencia dice todo lo contrario

Ya sabemos que uno de los requisitos necesarios para probar la buena conducta cívica en España a la hora de solicitar la nacionalidad española por residencia es la no tenencia de antecedentes penales o policiales.

Sabemos también que el interesado o su representante legal, cuando presenta la solicitud por medios electrónicos a través de la propia plataforma electrónica puede consentir que la propia Administración se encargue de solicitar los preceptivos informes.

Hasta aquí, y teniendo en cuenta que el interesado no tiene la obligación de aportar ningún documento (como es el caso) que obre en poder la propia Administración, nos hemos encontrado con otra interesante sentencia que revela que los jueces de un altísimo tribunal, como es la Audiencia Nacional, no logran ponerse de acuerdo. La sentencia a la que ahora hacemos referencia es de un mes antes de haberse dictado la otra y de la misma Sección 3 de la Audiencia Nacional ( veintinueve de junio de dos mil veinte) dictada por la Sección tres de la Audiencia Nacional en la que, tras recurrirse el silencio negativo (11.3 del RD 1004/2015) el Abogado del Estado se opone a que se le conceda la nacionalidad a la demandante porque en el expediente no obran los penales de España.

Reproducimos textualmente parte de esa sentencia en la que la Audiencia Nacional falla a favor de la demandante y condena en costas (1500 euros más iva) a la parte contraria:

La parte demandada opone en su escrito de contestación a la demanda que “no consta el informe de la policía”. Ahora bien, y sin perjuicio de señalar que la interesada aportó en la previa vía administrativa un certificado negativo de antecedentes penales del país de origen y de que en su solicitud de nacionalidad prestó su consentimiento expreso para “la comprobación automática” de los “datos en el Registro Central de Penados”, es de notar que el informe de la policía que el abogado del Estado echa en falta es un trámite procedimental de la incumbencia de la propia Administración demandada, que tiene personalidad jurídica única, de tal manera que denegar la nacionalidad por la omisión de este trámite es tanto como repercutir en el interesado las consecuencias negativas de un incumplimiento propio, lo que claramente es contrario al ordenamiento jurídico, de donde que no pueda aceptarse en sus propios términos la oposición que se hace en el escrito de contestación a la demanda, por lo que procede la estimación del recurso habida cuenta, por otra parte, que es de entender en función de lo dicho más arriba que la actora ha absuelto suficientemente la carga probatoria que sobre la misma recaía.

Entonces ¿en qué quedamos? ¿Quién debe aportar los penales y policiales de España? ¿El extranjero o la propia Administración que tiene en su poder esa información? Si estamos hablando de la misma Sección 3 de la Audiencia Nacional ¿donde dije Digo dije Diego?

Reiteramos que, curiosamente, se trata de dos sentencias de la misma sección 3 de la Audiencia Nacional con menos de un mes entre una y otra.

Nos tememos que, sin duda alguna, aquí hay interés casacional y es una cuestión que deberá definir el Tribunal Supremo. Legalteam se pone pues ya, manos a la obra!

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1 respuesta

  1. Yan dice:

    Hola,muy interesante este caso¿como terminó todo?¿hicieron reclamación?Saludos

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