Vox despliega su plan xenófobo en el Congreso mientras presiona para entrar en el Gobierno de Castilla y León

Apenas 48 horas después de la jornada electoral en Castilla y León, donde Vox consiguió multiplicar sus resultados y pasar de uno a 13 procuradores en las nuevas Cortes, la extrema derecha despliega este martes en el Congreso su plan xenófobo a través de dos iniciativas que se debaten en el Pleno. Todo ocurre mientras el partido de Santiago Abascal, decisivo para la gobernabilidad en Castilla y León, presiona al PP para entrar en un nuevo hipotético Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, el candidato popular a la reelección que logró ser la primera fuerza en las elecciones del domingo.

La formación de extrema derecha lleva al Pleno la toma en consideración de una ley para endurecer los requisitos de obtención de la nacionalidad española, que en principio no cuenta con apoyos parlamentarios. Se trata de una modificación del Código Civil para, entre otras medidas, extender el plazo para la adquisición de la nacionalidad española por residencia en España. Vox se propone incrementar de 10 a 15 años el plazo general de residencia legal y continuada en España para la concesión de la nacionalidad. 

El texto establece, además, una serie de circunstancias que los interesados deben acreditar para la concesión de la nacionalidad por residencia, como es el acreditar «buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española» o «estar en posesión de un certificado oficial de idiomas, acreditando un suficiente conocimiento de la lengua española».

En cuanto a la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza, la iniciativa plantea exigir unos requisitos «objetivos e inequívocos, limitando el margen discrecional del Gobierno, de tal manera que se facilite el control jurisdiccional de la actuación del ejecutivo en esta materia».

Chantajes a países vecinos

Tras el debate de esta ley, el Pleno aborda otra iniciativa con el mismo cariz xenófobo planteada por Vox. Se trata de una proposición no de ley que propone suspender la expedición o concesión de visados de entrada en Europa «a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración ilegal», dice la extrema derecha.

Entre los ciudadanos afectados estarían los vecinos de Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania, siempre, como apunta Vox en su iniciativa, «en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes ilegales devueltos por España».

Los debates de estas iniciativas se producen tras el espectacular crecimiento de los votos a Vox en las elecciones de Castilla y León que han endurecido las posiciones de la extrema derecha y le han fortalecido respecto a su relación con el PP, la formación con la que pelean desde hace años por el mismo electorado de derechas.

Este lunes, el candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, insistía en que su formación exigirá entrar en el Gobierno de Castilla y León si el PP quiere contar con su apoyo para la investidura de Mañueco: «El resultado de las elecciones nos dice que tenemos el derecho y el deber de integrar el próximo gobierno de Castilla y León», aseguraba García-Gallardo.

Discrepancias internas en el PP

Vox recomienda al Partido Popular «que abandone toda esperanza» de que vayan a «regalar» sus votos con una abstención en favor del candidato a la reelección. «Si alguien quería que le regalásemos los votos al PP, que hubieran votado al PP», afirmaba ayer el dirigente de la extrema derecha, durante la rueda de prensa para valorar los resultados de los comicios del domingo.

El PP de Pablo Casado intenta sin embargo desembarazarse de Vox y que un hipotético pacto con la ultraderecha lastre el discurso de mayorías que intenta construir en el largo camino a la Moncloa que le han diseñado sus estrategas. Pero el PP regional que preside Mañueco hace gala de su independencia y se reserva el mando total de las negociaciones, así como la decisión final sobre sus socios.

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