| Si un documento o requisito ya ha sido valorado para un trámite migratorio, no tendrías que someterte a una segunda valoración, pero no se aplica siempre.
La Dirección General de Gestión Migratoria ha dado un paso importante hacia la uniformidad y la coherencia en los procedimientos de extranjería con la emisión de los Criterios de Gestión 1/2025, fechados el pasado 12 de septiembre. En ellos se establece, con claridad, la prohibición de la doble valoración de documentos y requisitos ya analizados por otro órgano administrativo competente.
Este principio, avalado por jurisprudencia consolidada —como la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2011—, evita que una solicitud sea evaluada dos veces por distintos organismos de la Administración pública, generando inseguridad jurídica y retrasos innecesarios.
El nuevo criterio determina que, cuando un visado haya sido concedido por una oficina consular y el solicitante inicie posteriormente un procedimiento para obtener una autorización de residencia o estancia de larga duración, no se podrán reexaminar los requisitos o documentos ya valorados para la concesión de dicho visado. Con ello, se busca homogeneizar la actuación de las distintas oficinas implicadas en los procedimientos migratorios.
¿Y la coherencia a la inversa?
Sin embargo, este avance normativo pone en evidencia una asimetría preocupante en el tratamiento de los procedimientos migratorios. Actualmente, no existe un criterio equivalente emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores que obligue a las oficinas consulares a respetar resoluciones previamente adoptadas por las Oficinas de Extranjería en territorio nacional.
Este vacío tiene consecuencias graves para los solicitantes de visados de residencia y trabajo. Un ejemplo recurrente es el del Consulado de España en La Habana, donde se ha documentado la práctica de cuestionar sistemáticamente la veracidad de los contratos de trabajo aportados por los solicitantes, a pesar de haber sido previamente evaluados y aprobados por las Oficinas de Extranjería correspondientes.
No solo se exige la presentación de documentación ya aportada y revisada, sino que se somete a los solicitantes a entrevistas cuya legalidad y validez jurídica son discutibles, sin que conste, en muchos casos, la identidad o la firma de los funcionarios que las conducen. Estas entrevistas suelen concluir con la afirmación de que el contrato es fraudulento, sin aportar pruebas fehacientes que justifiquen tal conclusión. Como resultado, los visados son denegados y los afectados deben recurrir a costosos y prolongados procesos judiciales, con la incertidumbre añadida de si el empleador mantendrá la oferta laboral mientras dura el litigio.
Una cuestión de competencia… y de responsabilidad
Cabe recordar que la emisión de visados es competencia exclusiva del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por lo que resulta imperativo que dicho ministerio emita criterios de gestión coherentes con los ya dictados por la Dirección General de Gestión Migratoria. Si se reconocen y respetan las resoluciones previas de otros órganos administrativos, se fortalecería la seguridad jurídica del sistema y se reduciría la carga administrativa, tanto para los solicitantes como para la propia Administración.
En un momento en que España necesita una gestión migratoria eficiente, humana y jurídicamente sólida, la falta de coordinación entre organismos puede convertirse en un obstáculo insalvable para muchas personas que cumplen con todos los requisitos legales.
Hacia una migración con garantías
La solución parece clara: establecer un criterio normativo uniforme que impida la doble valoración también en sentido inverso. Es decir, que los consulados no puedan reexaminar aspectos ya resueltos por las Oficinas de Extranjería, salvo que existan elementos nuevos, graves y objetivos que lo justifiquen. La seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y los derechos de los solicitantes están en juego.
Mientras tanto, muchos continúan atrapados en un laberinto burocrático que podría evitarse si se respetaran los principios más básicos del Derecho Administrativo.
